El Gobierno promulgó el viernes la ley 27.401, que establece el régimen de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas y castiga la corrupción privada ante delitos de cohecho, tráfico de influencias, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito, entre otras.

Esta norma impulsada por Cambiemos vendría a subsanar un bache legal histórico para enviar a la cárcel a los hombres de negocios a los que se les comprueben delitos, pero aún así los ejecutivos parecen no tomar conciencia, según un reporte de la agencia Kroll, que brinda soluciones en ciberseguridad.

A partir de ahora la responsabilidad por la comisión de un delito recaerá tanto sobre la empresa como sobre el empleado que lo haya perpetrado, lo que deja más expuestos a los administradores y gerentes.

La acción penal prescribirá a los seis años y en caso de deceso del autor físico, el proceso contra las empresas continuará; pero la firma será eximida de pena cuando denuncie espontáneamente un delito tras una investigación interna.

A pesar de esto, la elevada posibilidad de ir a la cárcel no está entre las preocupaciones del día a día de un CEO, Presidente o cualquier otro alto directivo de una empresa, independientemente de su tamaño o rubro.

Cecilia De Maio, directora de Inteligencia sobre los Negocios de Kroll, que presta soluciones de ciberseguridad, explicó a NA que si bien hay empresarios corruptos, algunos caen por negligencia o desinformación sobre cómo cubrirse de los riesgos latentes.

De Maio dijo a la agencia que los ejecutivos están expuestos a riesgos legales, económicos-financieros, tributarios y reputacionales que pueden llevarlos a la cárcel, a perder su patrimonio y a no poder conseguir un nuevo empleo.