La agenda de juicios internacionales volvió a engrosarse tras el resultado de las PASO y Alberto Fernández recibirá una herencia de más de US$6.000 millones en litigios por resolver, muchos de los cuales datan de la época en la que Cristina Fernández de Kirchner, quien lo acompañará ahora como vicepresidenta, ocupaba el sillón que desde el próximo 10 de diciembre pasará a ocupar él.

Ayer se conoció la presentación de tres nuevas demandas contra la Argentina en la Corte de Londres por el cambio en el cálculo del PBI, que evitó el pago de los cupones en diciembre de 2014.

Según Sebastián Maril, CEO de FinGuru y Research For Traders, dos fondos de las Islas Caimán y y uno de Delaware, EE.UU., decidieron ingresar en la justicia londinense una demanda por US$423 millones bajo el argumento de que Argentina calculó mal intencionalmente el crecimiento de su economía en 2013 para no pagar a los tenedores de cupones atados al PBI. La presentación conjunta por parte de Palladian Partners, HBK MF y Hirsh Group fue realizada en septiembre pero recién se dio a conocer ayer.

"Estas demandas se suman a las ya existentes, que empezaron en enero con Aurelius y siguieron justo después de la elección de Alberto con cuatro fondos más", indicó Maril.

El conflicto con los cupones PBI tiene su origen en 2014, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió cambiar la metodología de cálculo del crecimiento de la economía y de esta forma pudo evitar el pago a bonistas.

La maniobra resulta, al menos, sospechosa. A fines de febrero de 2014 el Indec informó que el PBI había crecido 4,9% en 2013, tomando como se venía haciendo hasta ese momento la base de cálculo del año 1993. No obstante, un mes después el entonces ministro de Econmía y ahora gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció el recálculo de toda la serie desde 2005 a 2013 tomando como base el 2004.

Así, en mayo el Indec finalmente corrigió el dato. Según el organismo, que por entonces se encontraba intervenido y plagado de denuncias de manipulación de cifras, de acuerdo al nuevo cálculo el PBI en 2013 había crecido 3,1%, apenas por debajo del 3,2% que se necesitaba para gatillar el pago de los cupones, por más de US$3.000 millones.

Los fondos que demandan a la Argentina argumentan que si bien el cambio del cálculo es legal, resulta bastante sospechoso el momento en que fue realizado; a pesar del cepo los dólares escaseaban y las reservas del Banco Central apenas alcanzaban los US$8.000 millones.

También resulta llamativo el "timming" de las últimas demandas presentadas. Para Maril no es casual que de las siete demandas vinculadas al pago de los cupones PBI, todas menos una hayan sido después de las PASO, que preanunciaron la victoria en octubre de la fórmula del Frente de Todos.

En el mercado especulan que los fondos decidieron apurarse a iniciar los litigios luego de la derrota de Macri, augurando el advenimiento -por la experiencia pasada- de momentos duros en la relación del mercado con el Gobierno argentino a partir con el próximo 10 de diciembre.

Con estos nuevos juicios sumados en septiembre, el total de demandas en cortes extranjeras contras la Argentina ya alcanza los US$6.450 millones. Las más abultadas son las que vienen llevando adelante Buford Capital ûque compró los derechos de litigar del Grupo Petersen- y Eton Park Capital por la expropiación de YPF en 2012.

Una (pequeña) de arena

Ayer, sin embargo, el Gobierno argentino recibió buenas noticias. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York emitió dos nuevos fallo a favor de nuestro país.

Por un lado, rechazó la demanda iniciada por el fondo Lucesco, uno de los holdouts que no quiso ingresar en los canjes de deuda de 2005 y 2010, bajo el argumento de que el tiempo para litigar ya pasó. El fondo reclamaba US$5,3 millones más intereses.

Además también afirmó el fallo del Distrito Sur y desestimó el reclamo de cinco fondos, por un total de US$70 millones más 3 años de intereses, contra la Argentina por deuda no reestructurada en 2005 y 2010. Si bien todavía pueden apelar ante la Corte Suprema de EE.UU., es difícil que lo hagan teniendo en cuenta que ya cargan con dos fallos en contra.

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