El Gobierno modificó ayer las autorizaciones para realizar operaciones de crédito, al ampliar el monto de la deuda que puede colocar a 90 días, la cual pasó de $340.000 millones a $1,3 billones, aunque sin incrementar el monto total, que quedó fijo en $2,377 billones.

Se trata de una redistribución de las cifras aprobadas en el Presupuesto 2019 que van en línea con el "reperfilamiento" de las Letras a corto plazo y la necesidad de fondos que el ministerio de Hacienda está obteniendo de organismos públicos, a los que obliga a comprar títulos defaulteados para hacerse de caja ante el cierre de los mercados.

Mediante la resolución 766/2019 publicada ayer en el boletín oficial, el Ejecutivo recordó que a partir del decreto 668 del 27 de septiembre pasado, las entidades y organismos públicos "sólo podrán invertir sus excedentes transitorios de liquidez, mediante la suscripción de Letras precancelables emitidas a un plazo que no exceda los ciento ochenta (180) días por el Tesoro Nacional" y que semanas atrás el Gobierno "reperfiló", al extender el plazo de pago. Es que al cerrarse por completo las puertas del financiamiento, primero el externo y luego el interno, el Gobierno pateó la cancelación de las Letes, las cuales ahora están siendo compradas por empresas y organismos públicos.

En concreto, la modificación de ayer redistribuyó las autorizaciones tal cual estaban previstas en el Presupuesto 2019, de manera que disminuyeron las de mediano y largo plazo y se incrementaron las de corto plazo, en particular las que tienen vencimiento a los 90 días y que justamente se presume que serán adquiridas por entes públicos como la Anses.

Desde la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), señalaron a BAE Negocios que la norma "está relacionado con las colocaciones intra sector público" que realizó Hacienda durante las últimas semanas, por ejemplo con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del organismo previsional.

"Como estamos en octubre, las colocaciones a 90, 120 y 180 días se transforman en deuda pública porque traspone el actual ejercicio, por eso hacía falta actualizar la planilla con las autorizaciones", puntualizaron los técnicos de ASAP.

De todas formas, el $1,3 billón al que quedó el Tesoro habilitado para nuevas colocaciones, no implica que vaya a utilizarse en su totalidad, ya que se trata de un monto máximo, que no necesariamente tenga que alcanzarse.

Mientras tanto, el resto de los plazos a 2, 3 y 4 años y 18 meses tienen cifras fijadas que reflejarían lo que efectivamente el Gobierno ya colocó desde enero. En tanto, las autorizaciones a 180 días se mantuvieron en los $340.000 millones originales.

La totalidad de estos $2,377 billones deberán ser destinados a "servicio de la deuda y gastos no operativos", mientras que el resto de las autorizaciones, nominadas en dólares y euros y con modalidad de préstamos, tendrán que aplicarse a la compra de material ferroviario, energías renovables, patrulleros oceánicos y plantas de tratamiento de agua.

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