Por la recesión y el derrumbe del mercado interno, se incrementaron los concursos preventivos de crisis y la quiebra de empresas durante los últimos tres años en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, al tiempo que los procedimientos preventivos ganaron terreno como un mecanismo para impulsar de facto la flexibilización laboral.

De acuerdo a un relevamiento elaborado por el Centro de Economía Política Argentina ( CEPA) en base a información publicada en el Boletín Oficial de ambas jurisdicciones -entre las dos concentran el 52% de las compañías registradas en el país-, las quiebras llegaron a 666 en 2016, 716 en 2017 y 795 en 2018. Es decir que hubo una suba del 19% desde que inició la gestión de Cambiemos.

En cuanto a los concursos, la magnitud del alza es significativamente mayor: mientras en 2016 fueron 210, en 2017 llegaron a 227 y en 2018 saltaron a 368, un 75% más en tres años. Es decir que en total hubo 2.982 casos de empresas que acudieron a la justicia o bien para solicitar la quiebra o bien para iniciar una convocatoria de acreedores que permita reestructurar la compañía.

Según el CEPA, un cuarto de estos procedimientos correspondieron al sector manufacturero y de consumo.

Por otro lado, también se observó un avance sostenido de los procedimientos preventivos de crisis que otorga el Ministerio de Trabajo y habilitan, por ejemplo, una reducción en las indemnizaciones. A lo largo del último año incluso fue solicitado por grandes empresas como Carrefour o el reciente caso de Femsa, a la que al final no se lo otorgaron tras llegar a un acuerdo con el sindicato.

Desde el CEPA advierten que los PPC funcionan como una suerte de flexibilización "de hecho" de las relaciones laborales y de ahí el impulso que tuvieron desde 2016, cuando llegaron a 55, para luego escalar a 83 en 2017 y 108 en 2018.

Mientras tanto, desde el Gobierno se desarticuló el programa de subsidios Repro que financiaba parte de los salarios por hasta un monto equivalente al mínimo vital y móvil: el número de beneficiarios cayó 20%, así como el monto destinado en términos reales y la disminución de los plazos aprobados.

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Ignacio Ostera

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