En 2017, el Gobierno desreguló el precio de los combustibles y dejó a las empresas definir sus tarifas libremente. Pero el control de YPF, que aglutina casi el 60% del mercado, fue la herramienta clave a la que apeló el Ejecutivo para manejar los tiempos políticos de las subas. En abril, Shell tuvo que retroceder a la mitad la suba anunciada del 9,5% porque la estatal le marcó la cancha. Esa experiencia es un arma de presión para las privadas en la previa de las PASO.