Ayer, con sólo la presencia de representantes de la Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), se buscó la forma de avanzar en el pedido de la nulidad de la patente de soja otorgada a Monsanto por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI). Sin embargo la ausencia de las demás entidades dejo todo en suspenso y a la espera de la respuesta de los presidentes rurales.

Los productores buscan hacerse eco de lo que sucede en Brasil, en donde el INPI del vecino país apoyó el reclamo del campo y ahora será la Justicia la que defina los próximos pasos. Desde la empresa informaron en su momento que las autoridades brasileñas emitieron opinión antes de evaluar los argumentos de la empresa y aclararon que el mismo no es "vinculante" que no hay "sentencia" alguna y que la patente sigue "vigente". La compañía tiene tiempo hasta principios de abril para responder a las preguntas.

Por lo pronto las entidades locales no se ponen de acuerdo que hacer y se plantean si vale la pena avanzar frente a los gastos que entienden tendrán en la Justicia.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) prefiere seguir investigando lo que hicieron sus pares brasileños mientras que Coninagro, no acompañaría la moción de las demás, dado que entiende que eso puede perjudicar que el proyecto por la ley de semillas llegue este año al Congreso.

Desde el INPI, las fuentes consultadas volvieron a insistir que el único camino es ir por la Justicia. Las dos entidades que estuvieron en la reunión propondrán enviar pedidos sobre que otras empresas solicitaron patentes. Quieren saber si realmente es por algo nuevo o se trata de las mismas que ya están en el mercado.

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