La estatal Integración Energética Argentina (IEASA) suscribió hoy el contrato de transferencia a la compañía Central Puerto de la Central Termoeléctrica Brigadier López, por 326 millones de dólares a lo que se deberá sumar el costo de las obras pendientes del cierre de ciclo combinado.

La Central Termoeléctrica Brigadier López, ubicada la localidad de Sauce Viejo a 20 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, dispone de una potencia instalada de 280 megavatios, potencia que podrá elevar a 420 megavatios con el cierre de ciclo, una obra que demandará unos 14 meses tal como constó en la licitación cerrada en febrero de este año.

Central Puerto, empresa en la cual tienen participación los empresarios Nicolás Caputo, Guillermo Reca y Eduardo Escasany, fue la única en presentarse a la licitación y se quedó con la termoeléctrica por 165 millones de dólares, suma a la cual debe adicionarse una deuda financiera a ser asumida por el comprador de 161 millones de dólares. También debería hacerse cargo de las obras de cierre de ciclo, estimadas en un valor superior de 50 millones de dólares.

En febrero, IEASA también ofreció en licitación la Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán, en la provincia de Buenos Aires, que dispone una potencia de 560Mw con posibilidad de ser incrementada a 840Mw, por la cual las empresas YPF Luz y Pampa Energía ofrecieron en el segundo llamado unos US$229 millones por los activos y US$304 millones por cancelación de deuda.

En ambos casos, la convocatoria para licitación pública nacional e internacional para la transferencia de ambas centrales térmicas incluyó los contratos vigentes de abastecimiento con Cammesa.

Desembolso y deuda

IEASA informó que la privatización prevé un desembolso inmediato por parte de Central Puerto de US$165.432.500 y la asunción de la deuda de US$161.118.000, lo que hace el total de US$326.550.500 por los que se realizó el negocio.

Además, la empresa adquirente se compromete con la obligación de completar la obra de cierre de ciclo que se estima en una inversión de aproximadamente US$120 millones.

El contrato establece que IEASA cede y transfiere a Central Puerto el Fondo de Comercio y todos los bienes, derechos y obligaciones que integran el mismo, comunicó esta tarde la Ex Enarsa, mientras que Central Puerto se hará cargo de la continuidad laboral de los empleados de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo.

IEASA también tiene avanzado el proceso de cesión de la única concesión de un bloque de la formación de Vaca Muerta que se encontraba en manos del Estado nacional, una explotación de crudo no convencional con contrato por 35 años por la cual recibió oferta de cuatro grandes petroleras.

Las propuestas pertenecen a las petroleras YPF, cuya oferta económica alcanzó los US$95 millones; Pan American Energy que ofertó US$45 millones; Tecpetrol por US$41 millones y Vista con US$8 millones.

La venta de activos había sido dispuesta por el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, -como última medida de su gestión de gobierno- a la par de la creación de la empresa Integración Energética Argentina tras la fusión de las compañías Enarsa y Emprendimientos Binacionales SA (Ebisa).

La disposición incluyó, además, la venta de otras cuatro centrales: General Belgrano, Vuelta de Obligado, Almirante Brown, y General San Martín, y de la participación accionaria en distintas compañías.

En ese sentido, el Gobierno también decidió desprenderse de las participaciones accionarias del 50% en la compañía Citelec (controlante de la transportadora de alta tensión Transener), y las tenencias de acciones -en todos casos inferiores al 10%- en las empresas Central Puerto, Transba, Dique SA y Central Térmica Güemes.

Por la venta de activos energéticos, el Estado podría recaudar unos US$1.000 millones que serán destinados al repago de obras ya en ejecución u otras encaradas a futuro, mientras que se mantendrán ajenas a ese proceso de valorización las dos represas santacruceñas, la Central Térmica Río Turbio, y el Gasoducto del Noreste Argentino.

Denuncia

Ambas privatizaciones están en la mira de la justicia. Tanto el presidente Mauricio Macri como los funcionarios del área energética involucrados en la venta son investigados por el juez Daniel Rafecas por una supuesta venta a “precio vil” de las centrales.

La denuncia fue realizada por los diputados Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana, quienes aseguran que la tasación de las eléctricas le ocasionaría al Estado una pérdida de 400 millones de dólares, diferencia que surge de la comparación entre el precio de venta y el costo de construcción de ambos proyectos, en 2012.

“¿Cómo puede admitirse que el Estado argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 millones de dólares menos (Ensenada de Barragán) y 110 millones de dólares menos (Brigadier López) de lo que valían en 2012? Se concluye que se trata de un intento de privatizarlas a precio vil”, argumentaron los legisladores, quienes también solicitaron la suspensión de la licitación que fue rechazada por Rafecas.