En la última semana del año pasado, el INDEC publicó, junto con su estimación sobre la caída de la actividad económica de octubre último (-4%), el resultado de la Balanza de Pagos del tercer trimestre de 2018. Curiosamente, este último dato tuvo muy poca repercusión, a pesar de que el déficit de la cuenta corriente (registra todas las transacciones reales y corrientes del país con el resto del mundo) está en sus niveles máximos históricos y su saldo posee un enorme impacto directo sobre la evolución del tipo de cambio, de la inflación y del PBI.

De hecho, al repasar la experiencia local, el comportamiento de esta cuenta ha tenido una mayor preponderancia inclusive que las cuentas fiscales en el devenir económico. A la vez, es más difícil de financiarla porque los desbalances indefectiblemente deben resolverse con ingresos de capitales del exterior (inversiones o deuda) y/o una sustancial mejora de la competitividad. En cambio, las cuentas públicas pueden equilibrarse de más formas con un margen general de autonomía menos acotado: deuda externa/interna, mayor presión tributaria, crecimiento económico y/o disminución del gasto público.

Además, en los casos como el actual, con un déficit externo tan elevado, empeorado de forma brusca por las políticas de los últimos años que han ido privilegiando crecientemente el negocio financiero en detrimento del productivo, la suba del tipo de cambio no es una variable que permita generar una salida exportadora compensadora, sobre todo cuando el esquema fiscal, monetario, comercial y de ingresos opera en contra. En efecto, con el modelo vigente, el equilibrio externo recién se restablecería con una fuerte contracción de la demanda que reduzca significativamente las importaciones. A ese punto se llegaría a través de la pérdida de poder adquisitivo que provoca el impacto inflacionario de la devaluación y de la suba de tarifas.

El interrogante más relevante a estudiar es si la caída de la actividad reciente y la de los próximos meses será suficiente para balancear la cuenta corriente, considerando que no parece posible que el FMI esté dispuesto a financiar ese desequilibrio por mucho tiempo más y que la fuga de capitales también está descontrolada (fue de 29.104 millones de dólares en los últimos 12 meses registrados).

Por eso, es crucial estudiar el resultado del Balance de Pagos. Del reporte oficial, se destaca que el déficit de cuenta corriente ascendió a 7.591 millones de dólares entre julio y septiembre del año pasado y así acumuló en el último año un rojo de 35.166 millones de dólares. Esta cifra equivale al 7,4% del PBI, según el cálculo que hizo el FMI sobre el PBI de Argentina de 2018 (475.429 millones de dólares). Desde ya, en el cuarto trimestre de 2008, el déficit debería reducirse sustancialmente por la devaluación y el agravamiento de la recesión que implicará menores importaciones y mayores exportaciones primarias y de manufacturas de origen primario, pero no implicaría un pago menor en concepto de rentas que en el último trimestre de 2017 explicaron la mitad del saldo negativo.

Para tomar dimensión del fenómeno vale destacar que, aún con una reducción del 70% del déficit en el cuarto trimestre de 2018 respecto al del mismo lapso de 2017, el desequilibrio externo superaría el 6% en relación al PBI. Por lo tanto, es muy probable que el rojo de cuenta corriente del año pasado sea el más alto en casi cuatro décadas (el pico histórico fue en 1980 cuando equivalió al 6,2% del PBI).

En cuanto al déficit de 2019, el país seguramente conseguirá una baja pero será insuficiente para llegar al equilibrio, dado que la actividad productiva sigue sin estímulos, deteriorada especialmente por la fijación de tasas de interés muy superiores a las expectativas de inflación sin líneas de crédito promocionales, aumentos de tarifas y de combustibles dolarizados, caída del consumo interno, retenciones generalizadas, liberalización de las importaciones y un tipo de cambio real que vuelve retrasarse por efecto de la incapacidad de las políticas públicas de combatir la inflación. Este deterioro implicará que nuevamente las presiones devaluatorias e inflacionarias se redoblen, lo cual termina con una peor distribución del ingreso, más pobreza, precarización laboral, una menor capacidad productiva y, en consecuencia, mayor dependencia externa.

En definitiva, la única salida genuina a los problemas de nuestro país es una promoción fuerte, continua y en carácter de emergencia del desarrollo productivo. Esto requiere realizar transformaciones distributivas que deberán generar estímulos a la inversión productiva y a la generación de empleos, pero también alterar las relaciones de poder hoy reforzadas, vinculadas a la especulación financiera y a los negocios de concesiones de servicios públicos. Como mínimo, no hay que dejarse llevar por diagnósticos fiscalistas que ocupan la escena para no tratar los problemas más acuciantes de nuestra economía.