El Ejecutivo avanza a paso lento con la investigación del origen del histórico apagón y de las responsabilidades empresariales que involucra a un conjunto de firmas cercanas al Gobierno de Mauricio Macri, y especialmente a Transener controlada por el holding de Marcelo Mindlin. Dos días después del hecho, aún se desconocen las causas de la falla que desencadenó el colapso. Recién en 15 días estará el informe definitivo. Sin embargo, la hipótesis que difundieron los funcionarios de Energía y las autoridades de Cammesa y Transener puso en el centro de la escena una decisión oficial que podría haber sido clave en el colapso del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

En una rueda de prensa realizada ayer, el secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, Juan Antonio Garade; el subsecretario del Mercado Eléctrico, Juan Alberto Luchilo; el titular de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), Jorge Ruisoto; y el director de Transener, Carlos García Pereyra, informaron las novedades preliminares de la investigación. Luchilo anunció, tras el grave incidente, la decisión de bajar la potencia máxima transmitida por el corredor del Litoral, que lleva la energía de las centrales de Yacyretá y Salto Grande hacia Buenos Aires, hasta que se determinen las causas "para disminuir el riesgo de que ante una falla se vuelva a cortar el suministro".

Esta medida no afectará el suministro, pero encarecerá operación ya que obligará a reemplazar la electricidad generada en las centrales por energía producida localmente con GNL, que encarce el servicio. Esto implica que durante los 15 días que dure la investigación habrá un costo adicional de US$3,5 millones que se cubrirán en un 80% con subsidios del Estado. El 20%, unos US$700.000, se trasladará a los grandes usuarios no residenciales, que en su mayoría son industrias electrointensivas.

La explicación preliminar elaborada por la Cammesa y Transener indica que el apagón se originó con una falla simple en el tramo entre Colonia Elía (Entre Ríos) y Mercedes (Buenos Aires), que logró aislarse correctamente, pero que luego derivó en otro episodio en la línea Colonia Elía-Belgrano, que se desenganchó y no logró desactivarse a través de los mecanismos automáticos. Esta línea reemplaza un tramo del tendido Colonia Elía-Nueva Campana, que está fuera de servicio desde el 18 de abril porque se debe reubicar la torre 412, que está emplazada en el río Paraná Guazú y tiene riesgo de derrumbe.

Por razones aún no determinadas, el SADI no toleró la interrupción de tres tramos en simultáneo, en la zona de mayor tráfico eléctrico del país, y colapsó. Todo el sistema salió de servicio. Incluso las grandes hidroeléctricas.

Una de las claves estaría en la torre 412. "Como está en reparación, se hizo un by-pass para no tener que reducir el flujo de energía y cumplir con los objetivos pautados. Si ese by-pass no hubiera estado, factiblemente la contingencia del domingo hubiera sido mucho menor y quizás se hubiera resuelto de manera más simple. Era más riesgoso pero se realizó para poder traer un flujo de energía mayor en función de los objetivos de volcar al mercado el máximo beneficio económico", planteó el director de Transener, la firma que controla el 85% del transporte eléctrico.

Reducir el flujo habría obligado a fabricar localmente con  GNL la energía faltante y el Gobierno habría tenido que incrementar los subsidios en pleno plan de déficit 0%. Es decir, se habría aplicado preventivamente la decisión que finalmente adoptaron ayer luego del colapso. No hacerlo finalmente salió caro puesto que, una vez iniciada la falla original, el by-pass aportó a la cadena de trabas que terminó en el gran apagón.

Lo admitió Luchilo: "Cualquier línea de transmisión que traiga energía tiene un riesgo. Cuanto mayor es la transmisión, mayor es el riesgo. Lo que no quiere decir que sea un riesgo que no se deba correr. Justamente los estudios lo que hacen es definir condiciones en las cuales ese riesgo es aceptable. Menos riesgo implica instalar más equipos y más equipos es más costo para los contribuyentes. Hay que encontrar el equilibrio".

En definitiva, habrá que esperar para conocer las responsabilidades. Cuánto le corresponde a Transener, y al resto de las compañías eléctricas, y cuánto a los organismos públicos competentes. Incluso, si existió algún sabotaje, aunque los funcionarios le asignan baja probabilidad a esa hipótesis. Si hay sanciones, se conocerán cuando la investigación esté concluida.

 

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