El 2020 será recordado como uno de los peores años en cuanto a crisis económica en Argentina, que afectó con mayor intensidad a las mujeres. Como medidas paliativas, en su primer año de gestión, el Gobierno creó la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para empresas y destinó la mayor parte de sus fondos a la asistencia social, sobre todo en el Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE), un programa que, según destacan especialistas, tuvo una fuerte impronta de perspectiva de género, ya que se focalizó en mujeres vulnerables. A esto se sumó el anuncio del programa Acompañar, que todavía no comenzó a abonarse.

Todas estas políticas eran "necesarias" y resultaron beneficiosas, pero en un contexto en el que se multiplicaron las responsabilidades y tareas en el hogar y muchas quedan sumidas en la informalidad, no fueron suficientes para cerrar brechas entre hombres y mujeres y, de cara al 2021, queda un largo camino por recorrer, analizan tres economistas con perspectiva de género.

El IFE, lo más destacado del 2020

En un año marcado por “las condiciones económicas extremas y la situación económica heredada del gobierno anterior”, que se profundizó por la pandemia y las medidas restrictivas de la circulación y la actividad económica durante casi todo el año, “fueron relevantes las medidas de compensación de los ingresos”, como el IFE y el ATP, remarcó la economista y doctora en Ciencias Sociales Corina Rodríguez Enríquez.

El IFE es parte de una serie de "políticas que sin estar dirigidas específicamente a las mujeres o a cerrar las brechas de género, tuvieron cierta implicancia, porque las mujeres están sobrerrepresentadas en la población que recibe estas transferencias". "De hecho, el IFE lo recibieron en una mayor proporción mujeres que varones y ayudó a compensar la pérdida de ingresos monetarios de las mujeres", ahondó.

Su impacto para sostener la situación de estos grupos poblacionales fue clave: “Este programa de transferencias no sólo es el mayor rubro dentro de las ayudas surgidas en el contexto de Covid-19, sino que es un ejemplo de medida pensada y diseñada  con perspectiva de género ya que se privilegió el cobro por parte de las mujeres cuando más de un integrante del hogar lo solicitaba”, planteó Eva Sacco, economista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El bono de emergencia se destacó en un contexto en que “las mujeres fueron las más golpeadas por la pandemia, que profundizó las desigualdades estructurales en cuanto al empleo y en cuanto a la sobrecarga de cuidados que recaen principalmente en la mujer”.

Candelaria Botto, economista coordinadora de Economía Femini(s)ta, coincide en que el IFE fue “una política muy importante” para cerrar brechas de género en 2020 “porque fue la primera política destinada no sólo al sector de trabajadores informales sino que incluía específicamente a las trabajadoras de casas particulares, que son casi un quinto del total de las trabajadoras en Argentina, tienen los sueldos promedio más bajos y la tasa más alta de no registro”. Además, resaltó que, “si bien sólo se pagó tres veces” sirvió para “hacer crecer la base de datos y dar una imagen más certera de a qué personas tiene que llegar esa política pública”.

Pero las tres ediciones del IFE se quedan cortas y dejan de manifiesto la necesidad de una continuidad de programas similares para este año. “Creo que fue muy preocupante que no haya habido un cuarto IFE, y desde Economía Femini(s)ta miramos con preocupación que en 2021 no haya una política destinada específicamente a la situación de las trabajadoras de casas particulares y las mujeres que no forman parte del mercado de trabajo formal, que se ocupan principalmente del trabajo en el hogar, de la crianza de hijos e hijas, cuidados de adultos mayores o personas discapacitadas”, advirtió Botto.

¿Qué pasa ahora con las mujeres y disidencias que cobraban el IFE y ahora ya no contarán con ese recurso? "Creo que en la economía argentina, que hace años viene excluyendo estructuralmente al 30% de su población de empleos de calidad, son necesarias las medidas de sostenimiento del ingreso", consideró Rodríguez Enríquez, que es titular de la cátedra de Economía y Género de la Universidad de Buenos Aires.

Sobre el camino que seguirá la administración del Frente de Todos para atender las necesidades de los sectores más vulnerables, donde las mujeres son mayoría, opinó que "las señales del Gobierno son confusas, porque escuchás al ministro Daniel Arroyo y te habla de un Ingreso Básico Universal, pero le pone condicionalidades, y a la vez son muy receptivos a propuestas de economía popular o el salario complementario".

"Por un lado, reconocen que hay una masa de población que está excluida estructuralmente de la posibilidad de acceder a empleos de calidad y a salarios suficientes, y las formas en que sugieren que van a sostener a esa población son medio antiguas. Hay un camino que desde la AUH (Asignación Universal por Hijo) retrocede hacia paradigmas como lo que fue el plan Jefes y Jefas de Hogar, muy anclados en la lógica del empleo y la contraprestación. Las mujeres salen perdiendo ahí", analizó, respecto a políticas como Potenciar Trabajo y Potenciar Inclusión Joven, los reemplazos del IFE que sólo se pagan a trabajadores de programas comunitarios.

Las políticas con perspectiva de género que marcaron el 2020

Rodríguez Enríquez puso el foco no sólo en la transferencia directa del IFE sino también en "la licencia remunerada para trabajadoras de casas particulares" y, en un primer momento, "reforzar con bonos específicos a las transferencias monetarias".

La legalización del aborto, uno de los mayores triunfos del Frente de Todos como oficialismo en el Congreso el año pasado, también tiene una "arista económica", de acuerdo a Sacco, ya que "según un informe que se publicó en el observatorio de géneros del CEPA, existe un costo relevante en términos económicos para el Estado asociado a la atención de los abortos clandestinos que llegan a los hospitales públicos. Sobre una base de 45.600 abortos con complicaciones al año, hay un incremento de 88% en los costos asociados a la clandestinidad".

La economista de CEPA resaltó, también, la importancia del cupo laboral trans en la administración pública nacional, dictado por decreto presidencial, aunque "es importante que desde el Estado se impulse su cumplimiento".

El panorama en 2021

El Presupuesto 2021, que es el primero en tener un abordaje amplio de políticas con perspectiva de género por medio del sistema de etiquetado PPG, muestra, al menos desde lo "discursivo", que hay "cierta preocupación del Gobierno de abordar los problemas de la desigualdad de género" y resulta "positivo como un primer paso", aunque haya "algunas disidencias sobre las partidas que se consideran con perspectiva de género o no", evaluó Rodríguez Enríquez.

"Hay un compromiso discursivo y narrativo del Gobierno con los problemas específicos de desigualdad de género, que un poco entra en tensión con la lógica general del presupuesto para este año. Mucho de lo que nos vaya a pasar en términos de desigualdad va a depender del desempeño económico. En ese sentido, no veo una línea muy clara en esta gestión de Gobierno", sostuvo.

Para pensar los pasos a seguir en caso de una posible nueva cuarentena, que tiene “un impacto mucho mayor sobre las mujeres y disidencias”, Sacco enfatizó la necesidad de tener en cuenta que, “sobre la base de la experiencia de 2020, ya sabemos que las políticas como IFE y ATP de sostenimiento del empleo funcionan y cuentan con consenso social para ser aplicadas” en contextos de emergencia, pero también marcó que “es muy relevante que se extienda el decreto que prohíbe los desalojos y regular fuertemente el precio de los alquileres”.

Botto remarcó que el Gobierno debe tener en cuenta que estos contextos de crisis “impactan diferenciadamente en términos de género”. Por eso, resaltó el proyecto de ley que se diseñará este año para la “construcción de un sistema integral de cuidados” que permita redistribuir tareas en el hogar, pero aclaró que, antes de eso, "hay que generar alguna política intermedia en el 2021 para atender en esta crisis económica la situación de las mujeres y las disidencias”.

Botto mostró preocupación sobre que el Presupuesto 2021 se focalice tanto en obra pública, ya que "la construcción es un sector típicamente masculinizado", y en la misma línea Sacco observó que "es importante el aprendizaje de que las desigualdades no se cierren solamente con crecimiento económico", sino que "la política pública siga intensificando el enfoque de género y reconozca las desigualdades estructurales".

¿Qué pasa con el programa Acompañar?

A fines de septiembre último se anunció el programa Acompañar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que dará una ayuda económica equivalente a un salario mínimo a víctimas de violencia de género, que las tres economistas reconocieron como "muy importante", pero todavía no comenzó a implementarse y se encuentra aún en etapa de firma de convenios con las provincias.

Sobre esto, Botto opinó que, a pesar de “la insuficiencia del monto”, es “una gran propuesta entendiendo la urgencia y la importancia de contar con autonomía económica para poder salir de un espacio de violencia”. 

Lo que más nos preocupa es la falta de implementación de la política, que fue anunciada ya hace más de tres meses y todavía no está efectivizada", dijo la integrante de Economía Femini(s)ta. Para Sacco, "el programa acompañar es necesario y relevante, pero tenemos que partir de entender que la violencia de género es un gran problema del cual la violencia física, el femicidio y el maltrato es sólo la punta del iceberg", por lo enfatizó que hay que avanzar en políticas públicas con "una mirada integral y atacar las causas de la violencia".

Los factores que desembocan en la violencia de género son estructurales, y en ese punto Rodríguez Enríquez, que de todas formas celebró el Acompañar, ve que "no hay una apuesta clara a transformar la estructura productiva, el modelo de desarrollo y la dinámica de redistribución del ingreso", sino "medidas compensatorias acotadas" que se alejan de prestaciones más universales que resultaban "beneficiosas para las mujeres".

La sombra del FMI

Aunque el Presupuesto 2021 es reivindicado por el Gobierno como el primero con perspectiva de género, Rodríguez Enríquez advirtió que "tiene un sesgo de austeridad o de ajuste", que atribuye "a la situación de negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional". "La perspectiva me parece que es de una intervención moderada del Estado en la economía, con cierto sesgo de austeridad, y eso nunca es bueno para las brechas de desigualdad ni para promover los derechos de las mujeres", recalcó.

¿Hay riesgos de que el FMI imponga condiciones a la Argentina que afecten a las políticas sociales, incluidas las de género? La directora de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, Mercedes D'Alessandro, había asegurado en una entrevista con BAE Negocios que "En este momento, la renegociación no representa ningún obstáculo porque no estamos bajo ninguna condición".

Sin embargo, en coincidencia con Rodríguez Enríquez, Botto lo ve “con preocupación” y cree que es “una variable muy importante a tener en cuenta”. “Está la discusión de si el Fondo cambió o no. Yo no creo que haya cambiado”, aunque ahora “entiende que no se puede hacer un ajuste tan salvaje como el que se pretendía”, expuso.

No obstante, señaló que ve en las medidas del Gobierno algunas “señales muy concretas que parecieran ser para el Fondo, como el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria” (“no porque haya un problema en la fórmula en sí, sino por el momento en que se da el cambio, cuando parecía que los jubilados van a ganar un poco más”, aclara) o “el hecho de que haya habido sólo tres IFE”, lo cual “da la pauta de las prioridades”. Por eso, la economía feminista se mantiene alerta ante los próximos pasos de la gestión de Alberto Fernández y su Gabinete.

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Martina Jaureguy

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