Si el Gobierno encarara un plan de tinte keynesiano, con una decisión firme de implementar un ingreso universal, de iniciar un nuevo régimen de inclusión previsional, de no aumentar tarifas y de no recortar las partidas de obra pública, el impacto fiscal total sería de 3,5% del PBI. De esa forma, el rojo primario se dispararía a uno de 6%, niveles similares a los del histórico 2020. Difícil en el marco del programa con el FMI. En ese sentido, se destaca el potencial de drenaje sobre unas reservas ya diezmadas y de espiralización inflacionaria.

Las estimaciones fueron publicadas por el director de PxQ, Emmanuel Álvarez Agis, marcado por algunos como un posible reemplazante del actual ministro de Economía, Martín Guzmán, y con pasado como vice de Axel Kicillof, cuando estuvo a cargo de la cartera. 

El impacto sobre el ingreso de los hogares asalariados fue extraordinario durante el período 2016-2021: entre octubre del 2015 y marzo del 2022 totalizó una caída real de 25,6% para los estatales y de 21,1% para los privados registrados, según estimó el Observatorio del Derecho Social de la CTA-Autónoma. Se trata, dentro de todo, de los trabajadores más privilegiados. De ahí que una política fiscal y de ingresos intentando apuntalarlos resulte tentadora, con el riesgo de presionar sobre las reservas y el precio del dólar. También el de complicar los envíos de divisas del FMI, con la misma consecuencia potencial.

Se espera, además, que la dinámica inflacionaria, al erosionar aun más el poder adquisitivo de los salarios, genere un nuevo freno en la actividad económica. A fines de abril, y por primera vez en el año, los economistas y bancos de la city consultados por el BCRA para la publicación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), proyectaron la entrada en recesión técnica, luego del histórico rebote de 10,3% en la actividad económica durante 2021. Es decir, que se acumularán dos trimestres en caída para el PBI, con sendas bajas de 0,8% y 0,5% en el segundo y tercer trimestre. 

También de ahí la tentación de aplicar un programa keynesiano que amortigue el impacto. Álvarez Agis destacó, sin embargo, los riesgos, tanto por el lado fiscal como por una potencial suba de salarios que pueda espiralizar la dinámica de precios, con paritarias que le apuntan al 60% y con indexación bimestral, tal el caso de la de Comercio, que implica a 2 millones de trabajadores.

Dijo:  "¿Cuál es el impacto fiscal de este conflicto distributivo? Tenemos 1% por no aumentar las tarifas; 1% si no se subejecuta el gasto en infraestructura; 1% por el ingreso universal; 0,5% por la inclusión previsional. Los reclamos distributivos suman 3,5% del PIB. Es decir, si el Poder Ejecutivo decidiera 'dejar a todos contentos', el déficit fiscal de 2022 sería de 6%, casi el mismo nivel que el año de la pandemia ¿En qué nivel quedarían las reservas internacionales y la inflación si tal escenario tuviera lugar? Dejar 'a todos contentos' podría, paradójicamente, dejar a todos en la calle. Los pedidos distributivos son, a todas luces, inconsistentes".

-Y agregó: “Las medidas intentan que los salarios y los ingresos se acomoden a la nueva velocidad de la inflación. Pero, al hacerlo, consolidan un nuevo piso de 60% para el año. Si no se tiene forma de controlar los precios, responder con subas de salarios puede resultar contraproducente. Por otro lado, la reducción del déficit fiscal es una de las pocas anclas que evitan una espiralización de la carrera precios-salarios. Pero las dudas sobre la meta de 2,5% de déficit primario para el año aumentan a medida que el conflicto en el FDT se recrudece". 

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