En Argentina, al menos 3.500.000 hogares no acceden a una vivienda digna. El fenómeno volvió a quedar al descubierto tras el violento desalojo de la toma de Guernica. Las cifras muestran un déficit habitacional que se refleja tanto en lo cuantitativo, es decir en la cantidad de familias que no tienen techo; como en lo cualitativo, con hogares que carecen de los servicios esenciales con los que debe contar una vivienda.

Las imágenes de las topadoras en Guernica pusieron sobre la mesa el dilema entre dos derechos que la Constitución Nacional pone en primera plano y que señala que el estado debe garantizar: el de la inviolabilidad de la propiedad privada y el del acceso a una vivienda digna.

Un informe reciente de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) destacó: "Argentina se enfrenta desde hace décadas a la persistencia y profundización de la problemática habitacional. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en el país hay 4.416 asentamientos informales, y un déficit habitacional de, aproximadamente, 3,5 millones de viviendas".

Dos estudios de 2016 acerca de la situación de déficit habitacional coinciden en el dato. Uno es aquel en el que se basa el Renabap y fue publicado por la Secretaría de Vivienda y Hábitat del gobierno de Cambiemos. En rigor, señaló que 2.100.000 hogares presentaron problemas cualitativos de vivienda y 1.700.000 tuvieron carencia cuantitativa, es decir directamente no fue construida su casa. En total, para la Secretaría de Vivienda y Hábitat, 3,8 millones de hogares sufren déficit habitacional.



Otro trabajo similar de la investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Cecilia Paniagua, señaló en base a proyecciones a partir del Censo 2010, que 2.066.000 de hogares tuvieron un déficit cualitativo y 1.549.000 uno cuantitativo. Un total de 3,6 millones de familias.

Acerca de la parte cualitativa del problema, los últimos números publicados por el Indec mostraron que, tal como destacó la economista Lucía Pezzarini, "los déficits cualitativos son realmente alarmantes y 5% de las personas (1,4 millones) vive en condiciones de hacinamiento crítico; 3,4% (casi 1 millón de personas) no tiene acceso a agua potable dentro del hogar; 34% no tiene cloacas; 8,1% vive cerca de basurales; y 13,4% en zonas inundables".

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, señaló al respecto: "El Estado hace rato que tiene una deuda, hay 3 millones de argentinos que no tienen vivienda". Y afirmó que apunta a urbanizar 400 barrios populares por año, por lo cual "la gente sabe que si no le toca este año, el año que viene sí". 

El Presupuesto 2021 proyectó fondos récord de $6.648 millones para integración de barrios populares, pero bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Luego de la presentación del proyecto de la ley de leyes, que hoy ya tiene media sanción de Diputados, el programa de integración socio urbana pasó a la órbita de Desarrollo Social. En rigor, según destacaron desde Acij, las metas en el Presupuesto 2021 son bastante más limitadas: a intervenir integralmente en 120 barrios populares, beneficiar a 70.892 personas y entregar 1.112 lotes con servicios.

Señalaron: "Aún con el aumento de la inversión, las metas y el presupuesto son insuficientes para enfrentar el desafío de regularizar los más de 4.416 barrios populares que contempla la Ley Nacional sobre Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. A un ritmo de intervención de 120 barrios anuales, tendrían que pasar casi 40 años para garantizar el acceso a un hábitat digno a quienes habitan dichos barrios".

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