El Gobierno podrá exhibirle al FMI la realización de tres audiencias públicas donde se discutió el nuevo aumento de tarifas de la luz y el gas acordado con el organismo para el recorte de subsidios. Sin embargo, la reducción que se logrará una vez aplicada la tan mentada segmentación será exiguo frente a los compromisos asumidos: el Gobierno aceptó achicar las transferencias económicas al sector energético en un 0,6% del PBI mientras que la segmentación solo le permitirá al Estado ahorrar un 0,06% del producto. Además, nada garantiza que este esquema se aplique con efectividad. Durante las audiencias, las distribuidoras de luz y gas pusieron dudas sobre su implementación mientras que en los documentos oficiales también se habla de “problemas de inclusión”.

Los subsidios a la energía no se reducirán ya que la disparada del precio de este insumo, como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, rompió todas las previsiones. Y la segmentación será apenas un mojón en la reducción de las transferencias. El titular de la Asociación de Distribuidores de Gas, Daniel Martini, sostuvo este jueves que las empresas del sector enviaron 3 millones de comunicaciones a sus clientes para avanzar sobre los cambios de titularidad necesarios para identificar usuarios, consumos y poder adquisitivo. “Solamente obtuvimos un 2,5% de respuestas”, manifestó durante la tercera jornada de las audiencias.

“La segmentación es una decisión política acertada pero su instrumentación posiblemente sea deficitaria por límites de información y por la dificultad de identificar consumos por hogares y por la escasez de registros de ingresos reales”, sostuvo a BAE Negocios un funcionario de la cartera de Energía, que conduce Darío Martínez.

El responsable de elaborar el esquema de segmentación fue Santiago López Osornio, subsecretaria de planeamiento estratégico, el único funcionario que responde políticamente a Martín Guzmán dentro de la Secretaría de Energía. De hecho, fue la persona de más peso dentro del área que asistió a las audiencias, ante la repetida ausencia de Martínez.

En el informe técnico que acompañó la tercera audiencia, el Gobierno informó que hasta el momento pudo identificar al 59,4% de los usuarios de la energía eléctrica y del 69% en el caso del gas para aplicarles la segmentación que incluye la eliminación total de subsidios para el decil de mayores ingresos del país, con aumentos de tarifas que rondarán el 200%. A su vez, la tarifa social para 1,1 millón de usuarios tendrá un incremento anual del 20% y los usuarios medios deberán afrontar una suba anual del 40%.

El Gobierno sabe que carece de información fidedigna para aplicar la segmentación de manera correcta y confía, en esta primera parte de su instrumentación, en los datos informados por las distribuidoras, que a su vez ya explicaron la imposibilidad de identificar correctamente a los verdaderos usuarios de los servicios.

“Si bien el ideal es contar con la información del conjunto del hogar usuario del servicio, la disponibilidad de información inicial es una limitante y deben instrumentarse mecanismos para que a nivel de cada suministro se informe la cantidad de hogares que están asociados, su composición y su nivel de ingresos y de patrimonio”, puede leerse en el informe elaborado por Osornio.

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