El paquete de estímulo oficial, para intentar combatir el impacto de la cuarentena sobre los ingresos de los hogares y las empresa, trepó a 5,9% del PBI entre el inicio de la pandemia, en marzo y los primeros días de octubre. Aunque incluso así, y al igual que ocurrió en el resto del mundo, la actividad económica no logró evitar una contracción histórica, de la que todavía está lejos de terminar de recuperarse. El impacto sobre lo monetario se sigue haciendo sentir: en la primera semana, el BCRA le transfirió otros $30.000 millones al Tesoro.

El estímulo oficial se puede dividir en dos grandes grupos de iniciativas. Por un lado la de política fiscal, con impacto presupuestario. Esas llegaron a generar un gasto de 3,9% del PBI e incluyen a los tres IFE, los ATP, las asignaciones para el personal de salud y las exenciones fiscales a distintos colectivos, entre otras políticas. Por otro lado, las que implicaron líneas crediticias o incluso garantías oficiales para que sea el sector privado de las entidades financieras el que las motorice. Esa parte implicó una inyección extra de 2% del PBI.

Cabe destacar que los incentivos fiscales y crediticios de niveles extraordinarios son una práctica extendida a nivel global, en tiempos de pandemia. El último informe de perspectivas globales del FMI recopiló datos hasta junio y ya en ese entonces los países del Grupo de los 20 habían proyectado un gasto fiscal extra para estimular a sus economías de 6% del PBI, en promedio, mientras que los emergentes se situaban en 5% del producto. En ambos casos, el número se dispara al tomar en cuenta los estímulos crediticios, incluyendo las garantías oficiales.

Pero, además, a los gastos fiscales, y a las medidas de exención impositiva que afectan a los ingresos, hay que sumarle el efecto indeseado de la contracción de la actividad sobre la recaudación. Por eso el FMI proyectó rojos fiscales totales extraordinarios en todos los rincones del mundo. Para Estados Unidos previó uno de 23,8% del PBI, para Alemania otro de 10,7%, para Francia uno de 13,6%, Japón uno de 14,7%, Reino Unido 12,7%, Canadá 12,6%, Brasil 16% y México 6%. 

Argentina proyecta tener uno primario en torno a 8% y uno total en torno a 10% a lo largo del 2020. Entre enero y agosto del 2020, el primario llegó a 3,9% del PBI, mientras que el total alcanzó el 5,3% del producto. El Gobierno comenzó a acotar el alcance del ATP y no hubo anuncio de un cuarto IFE. A diferencia de lo que ocurre con otros países, en Argentina la emisión monetaria para abastecer de financiamiento al Tesoro trajo fuertes consecuencias en materia de estabilidad cambiaria, con la amenaza que eso suele implicar en cuanto a inflación e ingresos reales.

La Secretaría de Hacienda logró moderar los rojos primarios mensuales en los últimos meses, pasando de uno de $253.706 millones en junio, y otro de $155.524 millones en julio, a uno de $89.499 millones en agosto. Y esa dinámica se espera que continúe en septiembre y octubre gracias al ajuste en gasto no Covid-19 y a la segmentación en el gasto pandémico.
 

Sin embargo, aunque eso logró achicar las emisiones monetarias en agosto (sólo $40.000 millones, lo que fue poco incluso al comprar con la prepandemia;aunque habría que sumar los $61.000 millones que retiró de sus depósitos), en septiembre se volvieron a disparar: totalizaron $231.707 millones. Y en la primera semana de octubre se volvieron a enviar otros $30.000 millones. Una de la principales explicaciones fue la caída en el financiamiento neto que logró la Secretaría de Finanzas, que bajó de $80.806 millones en agosto a $33.934 millones en septiembre. En lo que va de pandemia, el BCRA inyectó liquidez, solo a través de envíos al Tesoro, por $1,5% del PBI.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) mostró los conceptos por los que se justificó el gasto Covid-19. Por las iniciativas sociales, el impacto fue de 1,33% del PBI, con una erogación de $359.392 millones. Eso abarcó a los IFE, a la Tarjeta Alimentaria, a la asistencia al PAMI, los bonos a jubilados, pensionados y AUH y otras políticas.

El gasto para apuntalar a las empresas en particular, y al sector privado en general, totalizó $334.457 millones, es decir 1,23% del PBI. Incluyó a los ATP, a los fondos de garantías crediticios, el seguro de desempleo e incentivos a pyme, empresas del sector turismo, al programa de parques industriales y otras iniciativas.

Además fueron significativos los paquetes para ayudar a las arcas provinciales en el marco de la megarecesión, que impactó sobre sus recaudaciones. Ahí el gasto totalizó $194.065 millones, el 0,72% del PBI. Por el lado de la salud totalizó $49.520 millones, el 0,18% del PBI. Incluyó un bono para el personal, el programa de hospitales modulares, la adquisición de la vacuna contra el Covid-19, compra de instrumental y partidas para laboratorios, entre otras iniciativas.

 

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Mariano Cuparo Ortiz

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