Representantes del sector de la construcción destacaron que la prórroga de la vigencia del blanqueo de capitales para esta actividad generará un incentivo adicional para las inversiones privadas en nuevos proyecto y también como motor para la reactivación del aparato productivo.

La semana pasada, la Cámara alta convirtió en ley un proyecto que prorroga la vigencia del blanqueo de capitales para activar de manera específica el sector de la construcción con incentivos impositivos para los que declaren bienes, y que incluye parte del programa Puente al Empleo, referido a la conversión de los planes sociales en trabajo genuino.

Se trata de uno de los cuatro expedientes que se encontraban en estudio en el Congreso y que fueron requeridos por el ministro de Economía, Sergio Massa, junto con los de bionanotecnología, el de agroindustria y el orientado a la industria automotriz.

El presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), Mariano García Malbrán, señaló que "la reapertura del blanqueo de capitales puede representar un adicional de inversión privada de entre 4.000 y 4.500 millones de dólares".

"Sin lugar a dudas multiplicará el trabajo y servirá de motor para la reactivación de la construcción y del aparato productivo nacional en general; además de sumar unidades habitacionales en el mediano plazo a un mercado que no logra satisfacer la demanda", afirmó.

El analista de mercado del Centro de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Córdoba (Cecin), Juan Pablo Baca, dijo que "el blanqueo para la construcción es una gran oportunidad para canalizar aquellos fondos no declarados para el ámbito del real state, que es una buena oportunidad para ingresar".

Blanque de capitales para la construcción, claves del proyecto

Aprobada a comienzos de 2021, la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda buscó impulsar el desarrollo del sector (muy afectado por la pandemia), recuperar los puestos de trabajo perdidos y lograr una mayor oferta de viviendas.

La normativa tiene como objetivo promover el desarrollo o la inversión en proyectos inmobiliarios realizados en el territorio argentino y estipula que la inversión debe destinarse a obras privadas nuevas, dentro de las que se consideran todas las que al momento de entrada en vigencia de la ley tengan un avance inferior al 50%.

En tanto, sobre la base del esquema previsto, el blanqueo para la construcción contempla una alícuota progresiva de acuerdo con los plazos en los que se ingrese.