El inminente acuerdo entre la Argentina y los bonistas por los USD66.000 millones de deuda externa fue el resultado de un proceso que se inició apenas asumió Alberto Fernández como presidente, incluyó seis prórrogas y cuatro propuestas diferentes por parte de la Rosada. Siempre con tirantez y cruces verbales, por lo bajo o en público, la negociación comenzó con decisiones de impacto moderado hasta llegar directamente al default, que hoy ya afecta a intereses por USD1.000 millones.

El puntapié inicial se dio el 20 de diciembre, cuando el Palacio de Hacienda reperfiló el pago de Letes en dólares hasta mediados de este año por unos USD9.000 millones y regularizó los pagos de Letras en pesos, que durante la gestión de Hernán Lacunza se habían entremezclado sin distinción por moneda.

Mientras tanto, el Gobierno continuó haciendo frente a sus compromisos en tiempo y forma para los títulos con jurisdicción local y extranjera, hasta que llegó el turno del AF20 (también llamado“bono Alberto" por su coindidencia con las iniciales del mandatario) el 11 de febrero, cuyo pago se pateó para septiembre. En tanto, el 5 de abril todos los vencimientos de deuda en dólares con ley argentina se postergaron hasta diciembre de este año.

Lo cierto es que el 21 de abril se dio a conocer ante la Security and Exchange Comission (SEC) la primera propuesta argentina, que contemplaba un fuerte recorte de cupones (que van in crescendo paulatinamente con el paso del tiempo desde 0% a 5% dependiendo del caso), un período de gracia de dos años para los intereses y de cinco para el capital. En ese sentido, se proponía una quita del 5,9% promedio del monto de deuda en circulación.

Al día siguiente de darse a conocer la oferta, el ministerio de Economía informaba que iba a hacer uso del período de gracia de 30 días para el pago de los intereses de los bonos emitidos durante la gestión de Mauricio Macri, por USD500 millones. Así, por primera vez se dejaba la puerta entreabierta para un default con todas las letras.

Esa primera oferta vencía el 8 de mayo, pero el Gobierno extendió el canje en esa oportunidad hasta el 22 del mismo mes, y luego volvió a hacerlo en sucesivas oportunidades: 2 de junio, 12 de junio, 19 de junio, y la última, el 24 de julio, que finaliza este martes.

En el medio, se fueron dando a conocer sucesivas mejoras en la propuesta: el 26 de mayo, 17 de junio y 5 de julio, en todos los casos seguidas de contraofertas de parte de los distintos grupos de bonistas, al tiempo que a partir del 22 de abril el país volvía a caer en default, al vencerse el período de gracia para el pago de los cupones de los llamados “bonos globales”, situación que la semana pasada se amplió al universo de los títulos surgidos del canje de deuda del 2005.

En cuanto a las mejoras en la oferta, se observa que la quita de capital promedio bajó a 4,3% en la segunda, y 2,3% en la tercera y cuarta, en tanto los cupones promedio pasaron de algo menos de 3% a estar por encima del 3,5%.

Sin embargo, diversos “endulzantes” permitieron elevar el valor presente neto (VPN) de los nuevos bonos desde unos USD40 hasta los USD54,4 promedio de la última, mucho más acorde con las pretenciones de los acreedores, tomando de referencia una exit yield del 10%. En particular, reducir el período de gracia de los intereses desde los 3 años iniciales a dos años en la segunda oferta y finalmente uno en la tercera y cuarta.

Por su parte, para el capital, el período de gracia pasó del 2026 al 2025. Además, se incluyó un nuevo bono con cancelación en 2030 para contemplar los intereses corridos de los bonos elegibles, mientras que la vida promedio de los nuevos bonos se reduce de 13,6 a 11,4 años, de acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En esa línea, a partir de la tercera oferta se sumó un cupón atado a las exportaciones que aportó en torno a USD3 al VPN.

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Ignacio Ostera

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