El Gobierno envió a las autoridades del Congreso el texto con los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Allí se reconoce la dificultad del contexto global para sumar la cantidad de dólares necesarios que permitan contentar al organismo y promover, al mismo tiempo, un crecimiento sostenido en el mediano plazo.

Para este 2022, el Poder Ejecutivo estima un crecimiento que iría entre el 3,5 y un 4,2 por ciento del PBI. En los próximos dos años y medio, debería converger en el 1,7 por ciento del producto. El Fondo ya no reclama una estructura de ajuste clásico sino que incide sobre el tamaño de la torta a repartir y quiénes deberían ser los comensales privilegiados. El organismo es quien distribuye el juego.
 

“Las condiciones mundiales y regionales podrían empeorar, y eso complicaría las perspectivas para Argentina. El crecimiento de nuestros socios comerciales podría decaer y los precios mundiales de los productos agrícolas también podrían disminuir marcadamente, por ejemplo, como consecuencia de un endurecimiento inesperadamente rápido de las condiciones financieras mundiales”, escribió Guzmán en el borrador al que accedió BAE Negocios.

Luego de la descripción de este escenario adverso, el ministro de Economía aclaró que el Gobierno está dispuesto a “recalibrar políticas para garantizar el cumplimiento de los objetivos económicos y sociales en consulta con el personal técnico del FMI”. Todo estará sujeto a consulta permanente con el organismo. Incluso si los números de la balanza comercial fueran mejores, el Poder Ejecutivo se compromete a utilizar ese saldo para reducir el déficit.

Para el Ejecutivo, no serían imposiciones sino “propuestas” a consensuar. Más allá de la aclaración, lo escrito en el borrador habla de un co gobierno. “Desarrollaremos, con el apoyo de la asistencia técnica del Banco Mundial y el FMI, un plan a mediano plazo para reducir en forma constante y paulatina los subsidios a la energía y mejorar la eficiencia del sector, anclado en nuestro objetivo de recuperación de costos.”

El compromiso asumido por Fernández-Guzmán es que el costo de la energía se traslade a los usuarios, cuando las operadoras guardan con recelo cuánto les cuesta producir, por ejemplo, una molécula de gas. Ni siquiera YPF le brinda esa información al Estado.

En el borrador bajo análisis se insiste en que la reducción de subsidios debería ser igual al 0,6% del PBI. Todas las fichas fueron puestas a la segmentación de tarifas en CABA y AMBA. Pero este recorte sería solo del 0,08% del PBI, reconocen. Con precios internacionales del gas por las nubes, las reservas del BCRA seguirán drenando por la cuenta energética.

En este escenario, el Gobierno apuesta a que con los primeros desembolsos llegue una pequeña cantidad de dólares para robustecer las reservas del BCRA. Sería algo así como el 0,7% del PBI (USD3400 millones), sumado a otro 0,4% del producto (2000 millones) de organismos multilaterales, a desembolsar entre 2022 y 2024. ¿Qué pasa si nos mandan menos recursos de los solicitados?, se pregunta Guzmán en el borrador. Eso implicaría estar a tiro de default durante los 37 vencimientos de capital que quedan por delante.

El escenario internacional atenta contra la salida exportadora. Los precios de la energía juegan en contra de la reducción de los subsidios. Tampoco habrá nuevos impuestos de la cuantía del Aporte Solidario a las Grandes Fortunas. ¿Cómo se garantizará, entonces, una reducción del déficit, crecimiento real del gasto público y la acumulación de reservas?

No es que el borrador del preacuerdo con el FMI contenga huecos informativos. El texto ofrece una evidencia incómoda: todo el programa económico del Gobierno nacional peca de incertezas, bajo la tutela del Fondo.