Con la oficialización de la eliminación de retenciones a las exportaciones automotrices superiores a la vara baja que dejó el 2020, el Gobierno dio casi por concluída su “reforma tributaria” progresiva que inició apenas asumió Alberto Fernandez con la ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. Los proyectos remitidos por el Ejecutivo al Congreso para fomentar inversiones en los sectores de hidrocarburos, agronegocios, y de fabricación de vehículos (este último, el único que se presentó antes de las PASO), largamente esperados por los empresarios tras su anuncio allí por el inicio de sesiones ordinarias en marzo, constituyen acaso las puntadas finales del retoque al sistema impositivo bajo la visión del ministro de Economía, Martín Guzmán.

"Lo único que falta es el de los combustibles líquidos", resumió una fuente oficial en relación al gravamen que buscan que vuelva a ser un porcentaje y no una suma fija que se actualice por inflación, y que se incluyó en el régimen de promoción a las petroleras.

En el Gobierno se diferencian de la mirada del macrismo en la cuestión impositiva, que consideran equivocada porque había proyectado una baja en los gravámenes mantenida en el tiempo y que, sin embargo, no redundó en un mayor dinamismo de la producción. Por el contrario, en el Palacio de Hacienda plantean que la mayoría de los beneficios implementados o propuestos ante el Parlamento son en contrapartida a inversiones o exportaciones “incrementales”. “Los cambios de Macri no eran sustentable porque los impuestos se seguían bajando año a año. Ellos suponían un 4% de crecimiento por año y así cualquier reforma te da sustentable”, ironizan en los despachos del quinto piso.

En ese sentido, los funcionarios del equipo económico repasan que la modificación del sistema tributario durante el albertismo comenzó con la reimplantación de los derechos de exportación a un porcentaje fijo, con un esquema que premie el valor agregado; y la suba en Bienes Personales y el impuesto a las Grandes fortunas que este año aportarán cerca de un 1,5% del PBI en recaudación, una proporción récord. En ese sentido, los cambios en Ganancias para acotar su alcance en personas humanas y el nuevo sistema de escalas para las empresas se dieron como parte del objetivo de una mayor progresividad.

En la misma línea, cerca de Guzmán destacan los esfuerzos fiscales que implicaron la ley de Economía del Conocimiento sancionada este año, la quita de los derechos de exportación a los servicios y a las de las ventas incrementales del sector automotriz, ambas incluídas en la proyección de recursos del Presupuesto 2022. Ventajas que están contempladas en los regímenes especiales para hidrocarburos, de fabricantes de autos y autopartes, junto con las amortizaciones aceleradas, que también son el eje central de la ley negociada con el Consejo Agroindustrial (CAA).

Por ejemplo, la exportación de servicios es un sector que en Argentina generó 6.000 millones de dólares en el 2020, en plena pandemia de coronavirus. La cifra actualizada puede estar algo por arriba o por debajo por una cuestión de subdeclaración. Como abonaron cerca un promedio de 5% por retenciones, se trata de unos 300 millones de dólares que iban a parar a las arcas estatales, “un costo no menor”, reconocen en Economía. El problema es que “no se cobra en ningún lugar del mundo”, por lo que se resolvió quitar el gravamen a partir de 2022.

En cuanto a los proyectos, los tres regímenes de promoción de inversiones en hidrocarburos, producción automotriz y agropecuaria plantean amortizaciones aceleradas en IVA y Ganancias y créditos fiscales por los tributos pagados a partir del capital extra desembolsado. Respecto a los derechos de exportación, se proponen reducir a cero en el caso de vehículos o autopartes fabricados en las nuevas plantas de producción que se lleven adelante bajo el paraguas de la norma, y una reducción del gravamen para las ventas al exterior de empresas de la cadena petrolera que se sumen al plan de fomento planeado por el Ejecutivo.

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