Enero, el primer mes de Frente de Todos en el Gobierno, fue de alto gasto social y de congelamiento tarifario, en línea con las promesas electorales. Esa política determinó que, a pesar de un nuevo ajuste fuerte en obra pública, volviera el rojo primario después de dos años: el déficit fue de $3.766 millones. La tarjeta alimentaria, el bono a jubilados y beneficiarios de la AUH, más los subsidios a la energía, se destacan entre las explicaciones, junto con la continuidad de la recesión y el adelanto de la liquidación de exportaciones sobre el cierre del 2019, que continuaron moderando los ingresos.

Así, durante enero los gastos treparon 50,6%, todavía un poco por debajo de la inflación, lo que determinó una caída real de 1,5%. Pero más moderados aún fueron los ingresos, que subieron sólo 40,3%, ya muy lejos del IPC Nacional, con una baja real de 8,2%. La baja del poder adquisitivo, que además de un efecto recesivo tuvo otro contractivo sobre la recaudación del IVA, explicó el fenómeno, que ya venía ocurriendo durante Cambiemos. Lo que no hubo, en este caso, fue ajuste sobre el gasto.

Con todo, el dato de la vuelta del rojo primario generó ruidos en los acreedores y ese ruido tuvo ecos en los analistas de la city. Ayer mismo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, terminó con su gira de encuentros y reuniones con la directiva del FMI. E incluso con los principales fondos de inversión tenedores de bonos, que tendrían poder de veto sobre la oferta que presentará el Gobierno en dos semanas.

La relación entre los pagos de las obligaciones que genera la deuda y el resultado primario es clara: todo lo que se ahorre el Gobierno en intereses, será margen para realizar gasto fiscal e intentar reparar la pérdida del poder adquisitivo, vía subsidios a las tarifas y vía transferencias como la del bono jubilatorio o tarjeta alimentaria. Para los bonistas la ecuación se lee desde el otro lado: todo ahorro en gasto primario es dinero que se puede destinar a la deuda.

Entre el incremento a las retenciones, y una potencial mejora en la actividad, la expectativa es que la recaudación repunte hacia adelante. Por la decisión política oficial esos recursos no alimentarían un superávit sino que daría margen para algo más de impulso fiscal a la economía.

"La recaudación mostró una performance por debajo de la inflación, lo que esperamos que se revierta en el mediano plazo", sostuvo ACM. Desde LCG afirmaron: "No esperamos que haya un recorte muy fuerte en el gasto durante este año. La mayor presión impositiva, aprobada en la Ley de Solidaridad, apunta a dar alivio al Gobierno de cara a las necesidades del año, pero no a alcanzar rápidamente un sendero de superávits fiscales.

Desde la Secretaría de Hacienda destacaron que sin la influencia de la tarjeta alimentaria y el bono a jubilados y AUH las cuentas hubiesen estado equilibradas, con una suba del gasto de sólo 41%.

El economista Sergio Chouza dijo a BAE Negocios: "Se ve plasmada la decisión política de no ajustar. Si se comprimiera el gasto, estaría más equilibrado. La definición política es resignar grados de consolidación fiscal en estos primeros meses pero evitar una política de ajuste, que fue lo que fracasó en los últimos dos años. Mucho del resultado de enero es inercia negativa en los ingresos, por la recesión. Son ingresos famélicos, insuficientes, que se van a ir recuperando muy lentamente cuando se recomponga el nivel de actividad".

Los datos duros de enero mostraron que las prestaciones sociales treparon 61,5% y picaron en punta (la tarjeta alimentaria y las jubilaciones inyectaron $23.350 millones), lo que implicó una suba real de 5,6% interanual. Los subsidios, traccionados exclusivamente por la energía, crecieron 47,4% real. La obra pública, en cambio, siguió siendo la variable de ajuste y cayó 57,6% real.

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Mariano Cuparo Ortiz

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