El Frente de Todos consiguió el dictamen del plenario de comisiones de Diputados para la ley de Restauración de Sostenibilidad de la Deuda Pública. La norma será aprobada mañana por la Cámara baja. Brindará dos herramientas clave. Una será simbólica-política y útil para la negociación, ya que permitirá al ministro de Economía, Martín Guzmán, sentarse frente a los tenedores de bonos de ley extranjera con el apoyo del Congreso, lo que implica que la oferta se trata de una política de Estado y no gubernamental. La otra es que reduce a la mitad las comisiones que se pagarán a los bancos.

Desde el oficialismo confían en que los números dan y que hoy la ley obtendrá media sanción. El próximo miércoles la terminaría de aprobar el Senado. Por parte del Ejecutivo, ayer fueron a presentar el proyecto, y a responder las preguntas de los legisladores, el subsecretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Cristian Dellepiane; y el subprocurador del Tesoro, Sebastián Soler.

Se esperaba la presencia de algunos integrantes más políticos del área económica del Gobierno. En particular se descontaba la presencia del viceministro de Economía, Haroldo Montagu. Su ausencia generó las primeras rispideces de la sesión de ayer. El diputado del PRO, Alejandro García, fue el primero en protestar en ese sentido. Entre las explicaciones oficiales se destacó la necesidad de ceñirse a las cuestiones técnicas y no mostrar de antemano las cartas a los acreedores.

El principal orador del oficialismo fue Soler, quien reconoció que la aprobación de la ley no es estrictamente necesaria, ya que el artículo 65° de la ley de Administración Financiera faculta al Ejecutivo a reestructurar siempre que consiga mejoras para el país en al menos dos de tres variables: plazos, intereses y capital.

Aún así, destacó que la aprobación resulta importante por el factor de apoyo político frente a la negociación y porque por primera vez se le pone un tope a las comisiones que pueden percibir los bancos de inversión involucrados en la operación. Además, explicita restricciones a los embargos que pueden realizar los jueces en el extranjero.

El artículo 3 del proyecto detalla que no se podrán embargar bienes de dominio público, que presten un servicio esencial, que formen parte de las reservas del BCRA, que tengan inmunidad diplomática, carácter militar o incluso que estén alcanzados por alguna ley de inmunidad soberana aplicable. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, eso implica que el bien debe ser de propiedad del estado del país deudor, tener fin comercial y estar físicamente en ese país.

Algunas críticas y preguntas por el lado de los diputados opositores se dirigieron justamente a la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana. Soler afirmó en ese sentido que los bonos a reestructurar ya vienen con esas condiciones y que modificarlas implica una negociación completamente diferente. Es decir, que los tenedores podrían no aceptar.

El funcionario destacó que el proyecto innova al limitar las comisiones que cobrarán los bancos que necesariamente deberán participar en la colocación de los nuevos bonos: esa remuneración por los servicios financieros no podrá superar el 0,1% de todo el monto reestructurado. Desde el Ministerio de Economía informaron que implicaría una reducción a la mitad de los costos que se pagaron en emisiones previas.

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