El Gobierno nacional apuesta a una renegociación "lógica" con el Fondo Monetario Internacional por los fondos que tomó como deuda el país durante la gestión Cambiemos. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aclaró que "no hay espacio para más ajuste en la Argentina" ante posibles condicionamientos de parte del organismos multilateral de crédito a las políticas fiscales, y sostuvo que el FMI deberá ayudar al proceso de recuperación de la actividad económica.

"Cuando vino la misión del Fondo Monetario antes de la pandemia tuve reunión con ellos y planteé con claridad que no hay espacio para más ajuste", recordó Arroyó, quien afirmó que "en todo el mundo el Estado está motorizando la recuperación económica, tanto en países europeos como americanos".

El ministro sostuvo que "la reconstrucción del trabajo no requiere sólo de asistencia social, sino de máquinas, herramientas, créditos y de apoyo e incentivos al sector privado para que también invierta y que genere crecimiento económico". "Tengo muy claro que la creación del trabajo viene de la mano del sector privado, de la inversión y el crecimiento económico, pero también hay un rol clave del Estado en la reconstrucción", enfatizó, en declaraciones a No Pasa Nada, por FM Concepto.

La postura de Arroyo es un consenso en el Gobierno nacional, quien agrandó su déficit para contener un estallido social ante la profunda caída de la actividad, el empleo y los ingresos. Arroyo admitió que la situación social es "crítica" aunque a la vez es "estable", con 11 millones de personas que reciben cobertura alimentaria, 3 millones más que antes de la pandemia. Y reconoció además que la pobreza y la falta de empleo se acrecentó.

Sin embargo, afirmó que existe un "rebote de la actividad económica", y si bien aclaró que el país "no va a crecer a tasas chinas", sostuvo que "sí va a ir recuperándose". "En ese contexto es importante un acuerdo con el Fondo Monetario que ayude a este proceso de recuperación", reclamó.

Arroyo defendió la iniciativa de poner en funcionamiento un impuesto a las grandes riquezas, y lejos de plantear un conflicto en la inversión del sector privado, sostuvo que esa "ayuda" se volcará a más actividad y empleo. "No veo que eso altere la idea del proceso de reactivación económica, sino que está vinculado a la justicia y solidaridad", sostuvo.

"El impuesto es un tributo por única vez y está acotado a 12.000 personas con patrimonios superiores a los $200 millones. Es un hecho muy puntual y tiene que ver con la solidaridad y el equilibrio en un contexto de caída brutal de la actividad económica, y no altera el proceso productivo", resaltó.

El ministro señaló que los fondos del impuesto a la riqueza irá, en parte, a saldar los problemas de urbanización de barrios populares, en donde "se combinan derechos con movimiento económico porque es un plan de empleo con mucha gente trabajando".

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