El decreto nacional que congelaba los alquileres y prohibía los desalojos llega a su fin este miércoles. La medida generó rechazos en múltiples agrupaciones de inquilinos en todo el país y se convocaron “ruidazos” en distintos puntos del país para que se extienda el decreto. Por su parte, el gobierno nacional aprobó la elaboración de un “Protocolo de Riesgo Temprano de Desalojo” con el objetivo de asistir a las familias con problemas habitacionales.

Luego de un año de alquileres con precios congelados, el decreto 320/2020 sancionado el 11 de marzo del año pasado vence hoy. Su vencimiento estaba previsto para el 30 de septiembre de 2020 pero fue prorrogado dos veces: primero hasta el 31 de enero de este año y luego hasta este miércoles. 

A partir de mañana los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o enfrentar juicios de desalojo.

Las protestas de los inquilinos

Ante la negativa del gobierno nacional de extender por tercera vez el decreto, agrupaciones de inquilinos organizaron este lunes un “ruidazo” en diferentes ciudades del país para reclamar la continuidad del decreto que impide los desalojos y congela el precio de los alquileres.

“El gobierno nacional tiene la obligación moral de fomentar y ayudar al desendeudamiento financiero de los millones de inquilinos, con el objetivo de recuperar un mínimo grado de sustentabilidad y tranquilidad para sus familias”, denunciaron desde la Federación de Inquilinos Nacional en una carta que enviaron al presidente Alberto Fernández y que contó con las firmas de Juan Grabois, Pablo Moyano, Hugo Yasky, Roberto Baradel, entre otros. 

En este sentido, una encuesta realizada por la Federación a fines de diciembre, reflejó que el 40% de los inquilinos registraba algún tipo de deuda en el pago del alquiler

En enero otro informe de la organización mostró que el 80% de los inquilinos, es decir 2,4 millones de hogares y 7,2 millones de personas, está endeudando de alguna forma, el índice más alto desde que comenzó la pandemia. Por un lado, el 40% le debe a privados; mientras que el 29,3% ajustó otros gastos, y el 19,1% vende pertenencias para afrontar costos.

Otro de las críticas al gobierno nacional fue la supuesta priorización del oficialismo a la construcción de viviendas para resolver la crisis habitacional: “Apostar como recurso salvador a la construcción de viviendas no sólo es anacrónico e insuficiente, sino que nos puede conducir nuevamente al fracaso”, vaticinaron desde la Federación de Inquilinos Nacional.

La respuesta del Gobierno: Cómo es el Protocolo de Riesgo Temprano de Desalojo

Como contrapeso al vencimiento del DNU, el viernes pasado el Gobierno creó el Protocolo de Riesgo Temprano de Desalojo, con el objetivo de asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto.

A través de la Resolución 88/2021 en el Boletín Oficial, se instruyó la elaboración y aprobación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.

Uno los objetivos será recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, que congelaron los valores de los alquileres y prohibieron los desalojos.

Otra de las metas del protocolo en elaboración es la de poder arbitral los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública.

Para eso se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.

Previo a esto, el Gobierno implementó la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo cual de no cumplirse es un impedimento para el propietario en caso de querer avanzar en un desalojo.