La interna en la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) recrudeció esta semana ante la elección de las nuevas autoridades. Es que al frente de la entidad quedó el entrerriano Iván Szczech, investigado por la Justicia en su provincia por sobreprecios y evasión al fisco.

Lo que molestó a un grupo de empresarios fue la contradicción de haber designado como titular de la Cámara a un procesado, después de haber corrido del consejo ejecutivo a los que estuvieron de alguna u otra forma involucrados en el caso de los cuadernos, en lo que fue un intento por darle a la institución una pátina de transparencia.

Fue en ese contexto que en 2018 quedó al frente de Camarco el abogado Julio Crivelli, que ahora volvió al cargo de secretario que tenía antes de ser presidente.

Lo cierto es que recientemente la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de Szczech en una causa donde se lo investiga por haber pergeñado una maniobra para evadir el pago de impuestos a través compensaciones truchas y ordenó continuar con la investigación por el delito de simulación dolosa de pagos, ocurrida en octubre de 2009.

Por otro lado, Szczech está siendo investigado por sobreprecios junto a un grupo de empresas que realizaron obras durante la cumbre del Mercosur de 2014 que se celebró en Paraná.

Mientras tanto, la rebelión se extiende por abajo y ya el 56% de los socios de la Camarco no está pagando la cuota, que en promedio anual supera el millón de pesos.

Desde fines del año pasado, cuando estaban previstas originalmente las elecciones, este grupo de constructores disconformes con el oficialismo de la entidad intentó darle a la Cámara un perfil más federal, con la presentación de una lista propia, pero la iniciativa finalmente no prosperó, a pesar de que los comicios se postergaron hasta marzo para darle más tiempo a las negociaciones. A modo de protesta, la compañía Panedile se desafilió de la entidad, tal como había hecho Techint durante el año anterior también por diferencias con las autoridades.

Las grandes jugadoras del sector no se sienten representadas por la nueva conducción y ya comenzaron a mover sus fichas para reunirse con el Gobierno. Consideran que los titulares electos el martes, como es el caso de Szczech, provienen de pymes. Por eso las de mayor envergadura como Techint, Supercemento, Panedile y Rovella, entre otras, solicitarán un encuentro con el presidente y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, para que les aclaren cómo seguir.

Mientras tanto, el sector se encuentra a la expectativa del anuncio de $100.000 millones para obra pública para mitigar los efectos del coronavirus sobre la economía. Hasta ahora, la administración de Alberto Fernández mostró una ejecución ínfima de estas partidas, por lo que podría ser una noticia favorable para las constructoras, aunque se habla de una deuda de más de $30.000 millones por proyectos parados.

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Ignacio Ostera

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