Alberto Fernández se acercó este martes de forma virtual al corazón del establishment estadounidense y les pidió a los acreedores que “ayuden sacar a Argentina de la postración”. Como había hecho el lunes, en una videoconferencia organizada por el Consejo de las Américas el Presidente ratificó que no volverá a elevar los términos económicos de la oferta para la reestructuración de USD66.200 millones de deuda externa que formalizó hace dos semanas. Sin embargo, dejó la puerta abierta a algunos retoques en el marco legal propuesto. De hecho, según supo BAE Negocios de fuentes oficiales, el Gobierno ya analiza si fija los límites pedidos por los bonistas a la cláusula de reasignación incluida en el prospecto por el ministro Martín Guzmán para guardarse la posibilidad de usar la estrategia “pac-man” de canjes parciales sucesivos.

“Hicimos un enorme esfuerzo y seguimos discutiendo el tema de la deuda aun cuando la pandemia nos sigue pegando porque queremos resolverlo. Lo que necesitamos es comprensión de todos. Pero no podemos más que esto. No es un capricho, es sensatez. Es imposible pedirle a un país que tiene un 40% de pobreza que haga un esfuerzo más porque el esfuerzo siempre recae sobre los sectores más vulnerables”, dijo Fernández, acompañado por Guzmán, en el evento coordinado por Susan Segal, CEO de la entidad de lobby empresarial estadounidense para América Latina, donde participan multinacionales, bancos y grandes administradores de fondos de inversión. Lo escucharon casi 10.000 personas.

El Presidente pronunció un discurso con tono amigable para los mercados. Habló de la búsqueda de un modelo de desarrollo inclusivo pero destacó la importancia de la inversión privada, del equilibrio fiscal y de la globalización, y aseguró que quiere “sacar al país del default”.

Además, les recordó a los acreedores el perfil de pagadores seriales que alguna vez destacó la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kircher: “Desde 2003 a 2015 todas las obligaciones que contrajimos y las que no las hemos cumplido. Recibimos un país en default, negociamos dos veces con los acreedores y siempre cumplimos. Les pagamos al FMI, al BM al BID. Lo que intento ahora es hacer exactamente lo mismo. Mi Gobierno no está aquí para pelear con nadie”.

Con todo, reafirmó que mantendrá la oferta oficial de USD53,5 de valor presente neto por cada USD100 de valor nominal. Los grupos Ad Hoc, liderado por BlackRock; Exchange, de los bonistas del canje 2005; y el Comité de Acreedores de Argentina, que en conjunto aseguran tener más un tercio de los bonos elegibles y por ende poder de bloqueo de una reestructuración generalizada, enviaron el lunes una contrapropuesta de USD56,5. La diferencia: tasas de interés promedio de 3,4% en vez de 3,07%, un adelantamiento de dos meses en las fechas semestrales de pago y un cupón cinco veces mayor para el bono que capitalizará los intereses devengados.

Sin embargo, en busca de tender un puente, el Gobierno empezó a flexibilizar su postura contractual. Ya lo había hecho con los tenedores de deuda reestructurada en 2005 a quienes les respetará sus contratos más beneficiosos. Fernández apeló a cierta ambigüedad: “Estamos respetando las normas que el consenso mundial ha impuesto para dirimir cuestiones de deuda soberana (en relación a las cláusulas de acción colectivas menos exigentes y a los artículos antibuitres pautados desde 2014) y no queremos alterarlas. Si el mundo decide cambiarlas, asumiremos ese cambio”.

Cómo es la estrategia pac-man que buscan limitar los fondos

Una fuente que participa de la negociación le dijo a este diario que el Ejecutivo “tiene disposición a dialogar sobre las cláusulas legales que puedan generar alguna inquietud”. “No cualquier tipo de modificaciones, sino alguna que tenga sentido para corregir alguna imperfección”, aclaró en relación a que no concederán los incisos que restringen los litigios contra el país.

En ese sentido, en la última contraoferta, los bonistas aceptaron descartar la aplicación del contrato 2005 para los bonos que se canjeen por los Globales emitidos por Cambiemos, como pedía BlackRock y el Gobierno rechazaba. Es que la escritura de 2016 que tienen esos bonos se ajusta al estándar internacional vigente, que acota el margen de acción de los buitres.

Los tres grupos ahora aceptaron el contrato 2016 con sus artículos antibuitres pero pidieron cambios. En particular, un límite a las cláusulas de re-asignación. Esta herramienta, incluida por Guzmán en el prospecto de la oferta formalizado en la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés), permitía dejar fuera del canjede los títulos en los que no se alcancen las mayorías necesarias para activar las cláusulas de acción colectivas (CAC) y realizar una reestructuración generalizada.

Así, el Gobierno podía guardarse la alternativa de avanzar en la llamada estrategia “pac-man”: una serie de canjes parciales sucesivos que llevaría a resolver por etapas la reestructuración de la deuda externa.

Los grupos quieren bloquear la posibilidad de que esa vía los deje afuera a ellos en caso de que el Ejecutivo consiga superar la participación mínima del 50%. Conceden mantener las cláusulas de reasignación de bonos pero exigen que estas no puedan ser aplicadas a "acreedores calificados", o sea, a los grandes fondos.

Los funcionarios analizan ese planteo, confirmaron otras fuentes oficiales. Si se acepta, podría ser una prenda de cambio para intentar que los fondos cedan en lo económico.

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