El Gobierno inicia una nueva etapa en la negociación por el canje de deuda con los acreedores, y abre la puerta para adecuar cláusulas contractuales. Sin embargo, en el comunicado oficial se ratifica el monto ofrecido y delínea varias críticas a la actitud de los fondos. 

"El objetivo de la oferta era ajustar los términos de los bonos a niveles sostenibles, a la luz de las perspectivas macroeconómicas de la Argentina, así como de su historial. La oferta también permitiría a la Argentina emprender un camino realista hacia el crecimiento económico", precisa el texto oficial. 

La postura de la Casa Rosada vuelve a hacerse visible, tras el pedido del presidente Alberto Fernández a los fondos de inversión que "por favor, ayuden sacar a Argentina de esta postración".

"Recibimos un país en default, negociamos dos veces con los acreedores y siempre cumplimos. Les pagamos al FMI, al BM al BID. Lo que intento ahora es hacer exactamente lo mismo. Mi Gobierno no está aquí para pelear con nadie”, enfatizó el mandatario durante la exposición en el Consejo de las Américas.

Es así como el comunicado dado a conocer este sábado retoma la línea expuesta por el Ejecutivo: "Algunas de las solicitudes de los acreedores habrían comprometido la probabilidad de una recuperación económica a corto plazo, e hipotecado las perspectivas de las generaciones argentinas presentes y futuras. Una reestructuración de deuda que es miope en sus objetivos no beneficia a nadie, ni al deudor ni a los acreedores".

El texto también recapitula las modificaciones que fue empleando el equipo negociador, con su última revisión el 6 de julio, en donde Argentina publicó la nueva oferta "cristalizando su esfuerzo de buena fe por plasmar las sugerencias resultantes de las diez semanas de diálogo con su comunidad de acreedores".

"El 20 de julio de 2020, representantes de varios grupos de inversores presentaron una contrapropuesta a la invitación enmendada de Argentina. En esencia, la contrapropuesta pide términos financieros aún más generosos que los incluidos en la oferta actual de Argentina y ajustes adicionales a términos contractuales. A su vez, los inversores solicitaron que Argentina cubra los honorarios y gastos de algunos de sus propios asesores", detalló la Casa Rosada, para luego calificar de "lamentable" el "paso hacia atrás".

"Los acreedores hicieron esta nueva presentación con la esperanza de que Argentina "tome la propuesta con espíritu constructivo. Así, un comunicado de prensa publicado el 20 de julio de 2020 se refirió a un "acuerdo de cooperación" existente entre los grupos de acreedores autores de la contrapropuesta. Sin embargo, en lugar de comprometerse a cooperar con la Argentina para superar sus dificultades y crear oportunidades de crecimiento, el comunicado habla de un acuerdo para rechazar la oferta Argentina entre los acreedores", acusó.

El texto del Gobierno también advierte que en los aspectos de la contrapropuesta, los acreedores "buscan imponer cargas adicionales" a una economía que "se está ahogando en plena crisis del Covid-19", y en donde "se ha hecho un esfuerzo enorme por preservar la vida humana a costa del bienestar inmediato de la población". "Deben saber que sus reclamos no pueden ser acomodados", advirtió. 

"No sólo sería irresponsable, sino que también sería injusto. Con más del 50% de las niñas y los niños argentinos viviendo en la pobreza, no podemos mejorar las ganancias de corto plazo de nuestros acreedores a costa de detraer recursos necesarios para darle a nuestras niñas y niños al menos la oportunidad de un futuro mejor. Argentina y la comunidad de acreedores tienen un interés común: el crecimiento sostenible a largo plazo", argumenta el comunicado para luego reafirmar: "Argentina no puede perder ni perderá de vista ese objetivo. Ningún acuerdo vale ese precio".

En el párrafo final, el documento vuelve a tomar una postura crítica para con los acreedores y señala que "Argentina tiene la plena intención de llegar a un acuerdo sostenible que no someta a su pueblo a más sufrimientos y angustias".

"Sobre la base de esas premisas, el gobierno argentino manifestó que la propuesta del 6 de julio es la oferta definitiva de la República a sus acreedores y representa el máximo y último esfuerzo que el país puede sostener. Con esa convicción, nuestro país alienta a la comunidad de acreedores a aceptarla, sabiendo que de no ser así toda negociación futura será más compleja porque más difícil será la situación que enfrente Argentina", concluye.