El ministro de Economía, Martín Guzmán, recibió en la noche del 27 dejulio una carta en la que los bonistas más hostiles le devolvieron la pelota en la negociación por los USD66.200 millones de deuda externa.

Allí, destacaron el diálogo de "buena fe" pero advirtieron que sumaron nuevas adhesiones a su contraoferta de USD56,5 de valor presente neto (VPN) y alcanzaron poder suficiente para bloquear el canje. En otras palabras, pese a las concesiones legales encaminadas, los grandes fondos liderados por BlackRock vuelven a la carga por una nueva suba en los pagos ofrecidos. La gran incógnita ahora es cómo reaccionará el Gobierno.

La apuesta oficial era otorgar ciertos ajustes contractuales pedidos por los bonistas para limitar la cláusula de reasignación y la estrategia Pac-Man de canjes parciales sucesivos pero a condición de que estos aceptaran la oferta económica de USD53,5 de VPN por cada USD100 de valor nominal. Así, tanto Guzmán como el presidente Alberto Fernández reiteraron en varias oportunidades no habría un dólar más porque eso pondría en riesgo la sustentabilidad y obligaría a ajustar a los sectores más vulnerables de la población en momentos de crisis social.

Las tres alternativas

Si es cierto que BlackRock, sus 29 fondos aliados agrupados y otros tenedores aseguran no poder blanquear su identidad debido a sus propios reglamentos alcanzaron el 60% de los bonos de la reestructuración de 2005 y el 51% de los bonos Globales que emitió Mauricio Macri, las posibilidades se acotan para el Ejecutivo. Sin su aval, nunca podría alcanzar la participación mínima del 50% de los tenedores para hacer válido el canje, dispuesta por el prospecto que formalizó el Gobierno en la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés).

Así, a grandes rasgos se abren tres alternativas para Fernández y Guzmán:

-La primera es mantener su estrategia, no ceder en lo económico y apostar a que los acreedores tampoco querrán ir hacia un default duro y terminarán aceptando el ofrecimiento, que ya se elevó en más de USD10.000 millones desde la propuesta iniciar de abril. Una jugada muy arriesgada que, pese a no ser la especialidad de estos fondos, podría deparar juicios en Nueva York.

-La segunda es patear el tablero. Tomar como una acto de "mala fe" en la negociación de parte de los acreedores, dar por caída la negociación, avanzar en el canje local (cuya oferta se lanzará la segunda semana de agosto, como contó BAE Negocios) y retomar el diálogo después de renegociar el programa con el FMI en medio de una cesación de pagos más extendida que sume presión a los acreedores.

Con una brecha financiera de algo menos de USD2.000 millones entre ambas posiciones, es una vía prácticamente descartada: la prioridad del Gobierno es resolver la reestructuración y evitar la profundización del default, como demuestran el fuerte incremento en la oferta económica, que pasó de USD40 de VPN a los actuales USD53,5 y las concesiones contractuales que está dispuesto a hacer para intentar garantizar un canje global.

-La tercera opción es ceder un poco más en lo económico en busca de un punto medio entre la contraoferta de los bonistas y el ofrecimiento oficial. Los fondos, por lo bajo, aseguran que arreglarían con USD1 o USD1,5 más. El problema aquí es que, según las afirmaciones de Fernández y Guzmán, esto implicaría un ajuste del gasto social en momentos en que la pobreza infantil supera el 50% y un problema de sustentabilidad de la deuda. ¿Hay forma de justificar políticamente una suba de los pagos?

El analista financiero Diego Sacerdote sugirió tres variantes "para mejorar oferta sin matar el relato oficial". Una, "mantener flujos pero adelantarlos en el tiempo", es decir, no aumentar los cupones de intereses ni reducir la quita de capital sino aumentar los desembolsos previstos para los primeros años, cuando se concentra el grueso del alivio propuesto.

Otra veta, según Sacerdote, sería "mantener oferta pero sumar fee de éxito si no quedan holdouts". Esto significa que se incluya un pago extra en caso de que se logre la adhesión sufiente para activar las cláusulas de acción colectivas (CAC) del 66% en los bonos Macri y del 85% en los del canje 2005 y se fuerce, así, a todos los tenedores a ingresar a la reestructuración.

La última de las posibilidades planteadas ya fue puesta sobre la mesa en una de las ofertas intermedias del Gobierno y luego descartada: la inclusión de un endulzante que se active en caso de que el rendimiento de alguna variable económica supere las proyecciones acordadas para los próximos años. Podría ser un cupón atado a las exportaciones, como el que propuso en su momento Guzmán y fue valuado en USD1,5 adicionales (justo el punto medio entre ambas posiciones), o un nuevo cupón PBI, como pedían en su momento los fondos.