Es ampliamente conocida la baja tasa de nacimiento de empresas en nuestro país. Mientras la tasa de natalidad anual en Argentina es de 1 nueva empresa formal cada 2.326 habitantes, dicho indicador es de 1 cada 347 en Brasil y de 1 cada 125 en Chile, según datos de la Fundación Observatorio PYME (FOP).

Esta situación desfavorable se ha venido agravando desde el 2011, momento a partir del cual se cierran al año más empresas que las que nacen. Por otro lado, las firmas empiezan sus actividades con sólo 3 empleados en promedio, y aquellas que sobreviven demoran un promedio de 7 años en duplicar dicha cantidad de personal, de acuerdo a información aportada por la Secretaría de Transformación Productiva de la Nación. En síntesis, se verifica un panorama general de estancamiento o retroceso en el campo de la creación de compañías, con lenta expansión del empleo y baja competitividad. (1)

Pero el caso de la industria del software resulta útil tenerlo presente como caso de éxito, en relación con la cantidad de empresas consideradas pertenecientes al sector y servicios informáticos (SSI). Muchas son además beneficiarias del régimen de la Ley 25.922, con una dotación total de 101.700 trabajadores, que revistaban mayormente en compañías de hasta 9 empleados, según se indica desde el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. De hecho, la tasa de aumento de la cantidad de empresas del sector en el período citado fue del 3% anual, y el incremento del empleo se ubicó por encima del 4% anual. 

Pandemia mediante, todo lo mencionado cobra aún mas relevancia dado que la necesidad de alentar la exportación de servicios en un sector que podría incrementarlo, con los incentivos fiscales adecuados, no es un hecho menor. Y, en esa línea de ideas, se emitió recientemente la tan esperada reglamentación de la Ley de Economía de Conocimiento, con beneficios justamente adicionales para quienes entren al registro para desgravar la exportación de dichos servicios. 

Por otro lado, se recuerda que con la Ley de Solidaridad, publicada a fines de 2019 pero con vigencia hasta 2020, se había establecido que los derechos de exportación de servicios ascendían a una tasa del 5%. No obstante, como uno de los principales hitos de este régimen, se enfatiza que aquellos beneficiarios y beneficiarias gozarán de una reducción al 0% para el caso de prestaciones de servicios, generando una grata noticia en el sector, dado que este sobrecosto desaparece si se logra la inscripción en el registro.

Esto quiere decir que aquellas pymes que tenían que pagar este derecho por contar con una facturación superior a los USD 600.000, y que no eran micro ni pequeñas y no entraban en el mencionado cupo de desgravación en el último año, tendrán un importante ahorro fiscal significativo. A modo de ejemplo, podríamos indicar que, si facturaran USD 100.000, a un tipo de cambio oficial a 88, el ahorro se traduciría en aproximadamente medio millón de pesos.

Por su parte, si bien aún no contamos con precisiones de parte de AFIP, podemos indicar que el Ministerio de Desarrollo Productivo ha emitido la Resolución 4/2021, la cual contiene en su Anexo III el detalle de las actividades que estarían sujetas a los beneficios emanados por este régimen fiscal. En este amplio listado, se destacan actividades corrientes como Servicios empresariales n.c.p., como así también actividades poco convencionales como Portales Web, Hospedaje de datos.

(1) Fuente: "Informe Especial Programas Internacionales para la promoción de la natalidad empresaria y el desarrollo de las PyME" realizado por la Fundación Observatorio Pyme. Septiembre 2018

* Silvia Andrea es socia a cargo de Misión Pyme y

** Aaron Cores Moglia es Gerente de Asesoramiento Fiscal de SMS Buenos Aires