La pandemia complicó la recaudación de recursos para financiar prestaciones sociales. La desaceleración inflacionaria, junto con la brutal caída en la actividad económica, sumados a la baja del salario, la destrucción de empleos, la precarización laboral y la suba de la informalidad, tuvieron impacto. Los aportes y contribuciones cayeron con fuerza y sólo llegan a cubrir el 28,2% de los gastos de la seguridad social. Es un mínimo histórico. Con todo, el 93,2% de los beneficiarios tendrá mejoras reales en sus ingresos durante el 2020, sumando aumentos y bonos.

Un informe del CEPA detalló el deterioro de la recaudación de AFIP referida a la seguridad social. La dinámica ya era negativa y en 2019 había registrado una caída real de 20%. Pero la crisis sanitaria empeoró todo y el desplome llegaría a ser del 50% real, siempre en comparación con los números del 2015.

A los ya conocidos efectos de una inflación decreciente y de una baja fuerte en la actividad económica, se suman los particulares de la pandemia, con especial impacto en los recursos propios de la seguridad social. Por un lado, se suma el atraso en los pagos y la caída de los salarios, que en muchos acuerdos entre patronales y gremios llegó a un extraordinario 25% nominal; la destrucción del empleo registrado privado, que no sólo alcanzó en febrero en auge con 165.000 puestos menos en 4 años, sino que desde el mundo sindical esperan que trepe a una pérdida de 600.000 puestos extra este año; la precarización y el monotributismo, que generan menos aportes; y el crecimiento de la informalidad. Por otro lado, las propias medidas del Gobierno para intentar un salvataje a las empresas: la postergación y condonación de contribuciones patronales.

Si bien la emisión monetaria es un recurso válido para financiar gasto, sobre todo en un contexto de bajísima utilización de la capacidad instalada (51%,6, según el último dato del Indec) y de furiosa caída de la actividad, los datos muestran el trasfondo de la dinámica de las jubilaciones y otros beneficios de la seguridad social: sus recursos naturales vienen cayendo con fuerza y se desplomarán en 2020. Y es que el recurso de la emisión tiene un límite. Con todo, las prestaciones obtendrán mejora real, tras las caídas consecutivas entre 2016 y 2019.

En ese sentido, un informe de la Undav remarcó que 5,6 millones jubilados que cobran la mínima, más 2,5 millones de beneficiarios de la AUH y AUE, más 4,8 millones de beneficiarios de asignaciones familiares obtendrán una mejora de los ingresos por encima de la inflación en el primer semestre del 2020. Eso implica que el 93,2% de los alcanzados por el sistema obtendrán un incremento real (en cambio, 1,6 millones de jubilados terminará por debajo), si se confirma un IPC de 13,5%, en línea con lo esperado.

Desde el CEPA detallaron: la jubilación había perdido 19% de poder adquisitivo entre 2015 y 2019 y en la primera mitad de 2020 sube hasta que la perdida queda en una de "sólo" 12%.

El aumento de 6,12% para las jubilaciones en junio dejó lecturas contradictorias. Por un lado, el aumento fue menor al de 10,9% que correspondía según la fórmula anterior. En cambio, al tomar en cuenta los bonos de $5.000 en enero y de $3.000 en abril, la cuenta cambia: los recursos destinados al total, superan a los que se habrían destinado con el cálculo anterior: $1.673 millones contra $1.670 millones. Por lo que no se percibe ajuste. Los de la mínima llegaron a cobrar $13.000 extra.

Eso sí: como el último aumento se realizará en la misma proporción para todos los beneficiarios, en el resultado se observó un reparto desigual. Y es que los deciles de mayores ingresos dentro de los jubilados recibirán sumas muy superiores al resto. Así, el 30% de los que más cobran acapararán el 53% de los fondos que inyectará ese último aumento.

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