El Fondo Monetario Internacional concretó este lunes el reparto de 650.000 millones de dólares entre sus países miembro en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG), de los cuales Argentina recibió USD4.334 millones, informó el Ministerio de Economía. De esta manera, las reservas del Banco Central terminaron el día en los 46.306 millones de dólares frente a los 42.048 millones con los que había cerrado el viernes pasado.

Se trata de la cuarta asignación de este tipo que realiza el organismo de crédito multilateral y la mayor de toda su historia, una práctica habitual en momentos de crisis (en dos ocasiones durante la década de 1970 y la anterior en 2009, también casualmente durante la pandemia de gripe aviar, un año después de la caída de Lehman Brothers).

Como cada nación recibe un monto de acuerdo a su cuota de participación en el Fondo, a la administración de Alberto Fernández le tocaron 3.055 millones de DEG, la unidad de cuenta que utiliza la entidad que comanda Kristalina Georgieva, que equivalen a poco más de 4.330 millones de dólares, dado que están compuestos por una canasta de monedas (euros, yuanes, libras esterlinas y yenes) además de la norteamericana.

Como explicó BAE Negocios, los Derechos caen como una suerte de "maná del cielo" que le permitirá afrontar los primeros vencimientos de capital con el Fondo en septiembre y diciembre, por USD1.900 millones en cada caso.

"La asignación es una gran inyección de recursos para el mundo y, si se usa con prudencia, una oportunidad única para combatir esta crisis sin precedentes", celebró Georgieva en un comunicado.

La titular del FMI comparó el reparto de los DEG como un "fuerte pinchazo en el brazo" para el mundo, en referencia al avance de la vacunación contra el coronavirus (Covid-19) que está habiendo en buena parte del globo.

En ese sentido, la economista búlgara tuiteó un gráfico en el que muestra cómo estos nuevos Derechos pueden ser utilizados por los países por ejemplo para adquirir vacunas, una vez que se intercambian por alguna moneda de curso de otra nación que quiera adquirírselos, lo cual tiene un pequeño costo financiero.

 

“El FMI está estudiando con los países miembros la posibilidad de crear un nuevo servicio financiero —el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad— que podría canalizar DEG para ayudar a los países más vulnerables en su transformación estructural y a afrontar, entre otros aspectos, los desafíos relacionados con el cambio climático. Otra posibilidad sería canalizar DEG para respaldar el financiamiento otorgado por los bancos multilaterales de desarrollo", señaló el organismo respecto a las alternativas que se barajan para que la asignación de estos recursos tengan un funcionamiento más equitativo.

Sucede que del total repartido, unos 375.000 millones de dólares irán a parar a manos de países ricos que no los utilizarán. De ahí que la entidad impulse la donación de los mismos para nutrir el fideicomiso PRGT al que recurren las naciones más pobres. Pero para los de ingreso medio se apunta al Fondo de Resiliencia, que otorgaría plazos más largos y condiciones más benignas: justo lo que necesita Argentina para repagar los 44.000 millones de deuda que tomó Mauricio Macri.

Un informe de la consultora Equilibria planteó que "un cambio en el contexto internacional es más relevante que acordar o no con el Fondo". "Sólo un contexto internacional excepcional como el vivido este año, daría margen al Ejecutivo para considerar la posibilidad de tensar o dilatar un acuerdo con el Fondo", planteó la firma ante un eventual escenario de default con el organismo, una situación inédita que en la región sólo registró Perú con Alan García y los primeros años de Fujimori.

"Si se verificara un contexto externo Excepcional, el Ejecutivo podría navegar las tensiones provocadas por un Arrears (default) con el FMI consiguiendo financiamiento internacional alternativo y aun así disponer de divisas para expandir el PBI hasta 2,3% en 2022", estimó Equilibria.

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