El Gobierno llegó al primer acuerdo para rescindir los contratos de Participación Público Privada ( PPP), adjudicados en 2018 para la construcción y mejora de seis corredores viales. El ministerio de Obras Públicas informó que dio de baja de manera consensuada dos de esos proyectos, que estaban en manos del consorcio liderado por Helport, de Eduardo Eurnekian.

Se trata de los corredores E y F, que ahora pasarán a estar otra vez en manos del Estado, a través de Vialidad Nacional. En los últimos meses, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) a cargo -conformada también por Panedile, Copasa y Eleprint-, había recibido el aval de la justicia para recuperar las garantías, algo que la Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó para el caso del F.

Con ese antecedente y con el 30 de noviembre como fecha límite, finalmente tras varias idas y vueltas e internas y renuncias dentro del Gabinete, el Ejecutivo logró acordar la extinción de un tercio de los contratos licitados bajo este mecanismo, que nunca llegó concretarse como preveía el macrismo.

“El costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía”, argumentó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Es que con los PPP, los privados tenían que conseguir todo el financiamiento para la construcción en el mercado internacional, un adicional que encarecía enormemente los proyectos, más allá de que el repago se realizaba en un lapso prolongado de tiempo. En la cartera, estiman que de los USD5.300 millones que hubieran insumido mediante el mecanismo tradicional, se habría pasado a entre USD10.000 y USD13.000 millones que hubieran tenido que desembolsar las arcas estatales al incluir los intereses.

Al mismo tiempo, en el oficialismo cuestionaban el hecho de que los contratos se hubieran firmado en dólares, a tal punto que las PPP se consideraron como una necesidad de los capitales financieros por colocar unos USD10.000 millones a los que el macrismo simplemente les hizo un lugar para ubicar esa liquidez excedente. Sin embargo, ante las dificultades de hacerse con los fondos, las tareas nunca arrancaron y llegaron a apenas un 2%.

Ahora, el Gobierno se comprometió a hacerse cargo de las obras, que volverán a ser licitadas bajo la modalidad tradicional.

“Antes de fin de año, nos comprometemos a poner en marcha el proceso de licitación de obras que quedaron truncas por los PPP”, señaló Gustavo Arrieta, administrador general de Vialidad Nacional.

En la DNV estimaron que en el caso de los corredores E y F, había cinco obras que debían hacerse y no se cumplieron, y ahora “permitirá ahorrará un monto superior a los USD 68 millones (más de $4.700 millones de pesos) al relicitar bajo la modalidad de obra pública convencional estos cinco proyectos estipulados en el plan de obras incumplido por las empresas PPP”.

La mira ahora estará puesta en los cuatro contratos restantes que se buscarán rescindir y bajo qué condiciones: si bien su extinción no podría derivar en nuevos juicios, los consorcios quieren recuperar las garantías y diversos costos operativos y burocráticos que podrían dar pie a litigios en tribunales locales e internacionales, evaluaron desde el sector privado.