Finalmente, el Gobierno logró rescindir la totalidad de los contratos adjudicados bajo la modalidad de Participación Público Privada ( PPP) durante la gestión anterior. El ministerio de Obras Públicas acordó con el consorcio conformado por China Construction América SA y Green dar de baja la concesión para el corredor B, el único que faltaba de los 6 que se adjudicadaron, ante la imposibilidad de la empresa asiática de lograr el cierre financiero para el proyecto.

"Ahora vienen los pasos administrativos de traspaso empresa por empresa", precisaron fuentes de la cartera conducida por Gabriel Katopodis.

El 1 de diciembre, ese ministerio había anunciado la extinción de común acuerdo para los contratos de los corredores A, en manos de Paolini, Vial Agro e INC Spa Italia; y el Sur (Rovella Carranza, JCR y Mota-Engil). En tanto, para el C -que había ganado Cartellone- se aplicó la cláusula de ejecución de las garantías, dado que el Gobierno no logró llegar a un entendimiento con la empresa mendocina.

Lo cierto es que el primer paso se había dado en septiembre, cuando se dieron de baja el E y el F tras un arreglo entre el Ejecutivo y el consorcio liderado por Helport, la constructora de Eduardo Eurnekian.

De esta manera, el único corredor que quedaba bajo la modalidad de PPP era el B, sobre el que había expectativas de que la UTE conseguiera el cierre financiero para poder llevarlo adelante, pero al igual que en los casos restantes, no ocurrió y la empresa china optó por salir de la iniciativa.

De todas formas, en el sector privado hay cierto malestar con el gobierno por lo que consideran que fue una estrategia fallida. "Los contratos estaban mal, pero podrían haberse modificado para poder seguir adelante con las concesiones", explicaron desde una compañía líder.

En ese sentido, en las constructoras advierten que la historia de los PPP podría no concluir ahora sino que aún restan varios meses para terminar de definir la devolución de las garantías, el cálculo de las inversiones realizadas y los ingresos provenientes de los peajes y comercios dentro de las rutas concesionadas, del que gozaron las empresas desde la adjudicación en 2018.

En particular, los empresarios apuntan contra algunas áreas del Gobierno que, consideran, sobreponen las cuestiones políticas sobre las técnicas, como fue en el caso de estos contratos, y que terminan por enrarecer el clima de negocios y el vínculo entre los funcionarios y los representantes del sector privado.

Los PPP fueron un mecanismo por el cual el macrismo intentó incrementar el volumen de obra pública sin recurrir a un mayor gasto fiscal o endeudamiento público directo, dado que el financiamiento corría por cuenta de las compañías, que debían contar con los multimillonarios fondos antes de empezar las tareas. Ayer se firmó su acta de defunción después de dos años fallidos, en donde la disparada del riesgo país le impidió al sector corporativo hacerse de los dólares requeridos para la inversión.

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Ignacio Ostera

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