El Gobierno busca recuperar el control de los seis corredores viales licitados bajo Participación Público Privada ( PPP) y comenzará un proceso de negociación con las empresas ganadoras para rescindir los contratos. El viernes, representantes de estas empresas mantendrán una reunión con funcionarios, mientras escala la pelea por las garantías.

El puntapié inicial lo dio el Ministerio de Obras Públicas con una intimación para que incrementen estas últimas al 2,5% de la inversión desde el 2% actual. La intención de la cartera es llegar a un acuerdo para que los seis proyectos pasen a su órbita y así poder tener un mayor control, ante el fracaso de este tipo de contratos firmados durante el macrismo. "Empezamos a desactivar la bomba", plantearon desde la cartera.

Sin embargo, las constructoras no sólo están disgustadas por esta movida sino que incluso pujan por recuperar estas mismas garantías al entender que las obras no podrán llevarse adelante ante la falta de financiamiento. Por eso el consorcio que tenía a cargo los corredores E y F (Helport, Panedile, Eleprint y Copasa) inició juicio y consiguió aval para reemplazar las correspondientes al cierre financiero y servicios de operación por un seguro de caución en pesos.

Lo cierto es que por esta vía, los bancos están embolsando unos USD300.000 mensuales en comisiones desde que se firmaron los contratos por cada corredor, hace casi dos años, lo cual da un total de cerca de USD40 millones que fueron a parar a las arcas del sistema financiero por proyectos que tuvieron un avance de apenas un 2%. En total, se entregaron garantías por USD567 millones.

De ahí el enojo que mostró el ministro Gabriel Katopodis. En declaraciones radiales, consideró "ruinoso" el sistema, lo acusó de estar "al servicio del sector financiero" y remarcó que estaba pensando "para llenarle los bolsillos a los bancos y vaciar las cuentas del Estado".

Mientras tanto, fuentes del sector privado adelantaron a BAE Negocios que este viernes habrá una reunión entre funcionarios nacionales y representantes empresarios.

En medio de la pelea, en el Gobierno no descartan que eventualmente las garantías puedan ejecutarse, y apuntan a que las rutas que conformaban los proyectos pasen a ser controladas por la estatal Corredores Viales SA, como ocurrió con otras cinco concesiones que vencían a lo largo de este año. 

En 2019 se destinaron $19.000 millones en subsidios a concesionarios de peajes y no está muy claro en qué se gastaron. Al volver a Vialidad podrá haber más control”, apuntaron fuentes oficiales.

La postura oficial es que los PPP “fueron un negocio financiero y de los bancos”, pero las constructoras aducen que “no tiene nada que ver” cumplir con el aumento de las garantías con la rescisión de los contratos, y que incluso sería más sencillo hacer esto último directamente sin esta instancia previa.

Las empresas buscan recuperar las garantías porque si consiguen que se las devuelvan, los bancos ya no tendrían más el riesgo y quedaría un cupo crédito disponible para ellas, y les permitirá que regresen a sus manos las contragarantías que entregaron.

Primeras cartas jugadas del póker de las PPP.

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