Tres semanas después de su anuncio oficial, la secretaria del Comercio interior publicó en el Boletín Oficial la instrumentación del Fideicomiso de Estabilización del Trigo para subsidiar y bajar el precio del pan en los comercios. El Gobierno comenzaría a pagar la transferencia económica a la molinería a partir de la semana que viene. Sin embargo, algunos molinos quieren desafiar al Poder Ejecutivo. “Es optativo entrar”, sostuvo a BAE Negocios el titular de una importante empresa de Santa Fe, quien reconoció, a su vez, que esta discrecionalidad para formar parte del programa o no podría poner en duda la efectividad de la medida gubernamental planteada como un instrumento de la guerra contra la inflación.

El kilo de pan en los comercios oscila entre los 300 y 400 pesos cuando debería estar entre los 220 y 270 pesos. Al menos ese es el objetivo del Gobierno una vez que el nuevo Fideicomiso funcione de manera plena. Por eso se tomó la decisión de quitar el diferencial de retenciones a la harina y aceite de soja (2 puntos) para fondear este instrumento y congelar la tonelada de trigo en los 25.000 pesos y la bolsa de 25 kilos de harina en los 1200 pesos. Actualmente, los molinos la siguen ofreciendo a las panaderías en 2000 pesos, aproximadamente.

“Si la semana que viene están los fondos que debe enviar el Ministerio de Economía y los molinos presentan las solicitudes para ingresar, estaremos en condiciones de pagar un 50% en concepto de anticipo para que compren el trigo y cuando se termine de cerrar la operatoria (venta de la harina) se abonará el resto”, explicaron a BAE Negocios desde Comercio interior.

Es decir, apenas adquieran la materia prima con el subsidio, tendrían que vender la harina al precio acordado de manera oficial. Luego, el Estado encarará los controles cruzados a través de una auditoria interna donde deberá contratarse una empresa externa ya que Comercio interior no podría auditarse a sí misma.

Desde un primer momento, la molinería rechazó este fideicomiso bajo el argumento que, al ser un sector atomizado, sería de difícil aplicación. También recomendaron que el subsidio fuera directamente a la demanda. Es decir, rechazaron el rol del Estado como regulador de precios.

“La industria molinera rechaza la pretensión de que el Estado subsidie sus ventas a un precio muy por debajo de los costos de producción, quedando sujeta a la espera de una compensación durante un período incierto de tiempo…El consumo de harina podría ser subsidiado directamente en las tarjetas alimentarias existentes para la población más vulnerable”, sostuvo la Cámara de Industrias Molineras hace un mes. Ahora repiten los mismos argumentos. Desde el Gobierno enfatizan que parte de las quejas del sector se deben a que todas las operaciones deberán estar registradas, cuando no siempre son así.

Según los relevamientos diarios de Comercio interior, los productos a base de harinas y cereales registraron al 25 de abril un aumento promedio de 2,6%, cuando en marzo había variado el 11% como consecuencia del “shock inflacionario” denunciado por Feletti.

En este contexto, el viernes habrá reunión en la Secretaría para que un conjunto de grandes fabricantes de alimentos, entre ellos Arcor y Molinos Río de la Plata, informen sus costos y los motivos de algunos de los incrementos de precios que aún no se retrotrajeron.

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Sebastián Premici

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