La segmentación de las tarifas de los servicios públicos de luz y gas será a demanda. Es decir, el Estado claudicó en su intención de identificar a los usuarios que deberían dejar de recibir subsidios por lo que implementará un sistema de registro online para que cada persona informe si necesita (o no) las transferencias de recursos. La medida había sido pensada originalmente como una forma de ahorro fiscal. En la primera etapa de implementación, y suponiendo que el sistema de inscripción sea exitoso, se prevé un ahorro de $15.000 millones, es decir el 0,05% del PBI. La medida se informó el mismo día de la prórroga del Presupuesto 2022, que entre sus partidas incluye un incremento de recursos para CAMMESA del orden del 65%.

A través del Decreto 332/2022, el Gobierno definió que la segmentación en tres categorías regirá a partir de junio y que se buscará identificar al 10% de la población con mayores ingresos, los potenciales beneficiarios de la tarifa social y el resto de usuarios a los cuáles se les ajustará la tarifa en relación al 80% de la variación del coeficiente salarial.

Durante la realización de las audiencias públicas ya había quedado expuesta la dificultad de todas las distribuidoras para identificar cada tipo de usuarios. De casi tres millones de comunicaciones enviadas por las distribuidoras de gas para que los usuarios realizaran el cambio de titularidad, solo el 3% había respondido. Ante este escenario, el Gobierno ahora le pedirá a la ciudadanía que informe si quiere o no seguir con los subsidios.

“La campaña de comunicación será clara. Quien no necesite el subsidio no se registrará y la reglamentación establecerá cómo se comunica el incremento en tercios. Quien reclame no perderá el subsidio mientras lo tramite”, explicaron desde Economía. De esta manera, se reconoce que quizás en una primera etapa ocurran errores de cálculo y se les pase a cobrar una tarifa plena al segmento de la población equivocado.

El gobierno había acordado la segmentación de tarifas con el FMI con el objetivo de un ahorro fiscal. El compromiso asumido era reducir todos los subsidios energéticos en el orden del 0,6% del PBI. La segmentación sólo aportaría un 0,06% del PBI. Ahora se sabe que el objetivo del Gobierno es un ahorro de $15.000 millones. Sin embargo, la cuenta subsidios a la energía crecerá durante todo el año como consecuencia del aumento de su precio internacional a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Esto se puede observar en la prórroga del Presupuesto 2022. En el programa 74 del Ministerio de Economía correspondiente a las transferencias a CAMMESA se observa una ampliación de recurso de 459.000 millones de pesos. De esta manera, la sociedad que se encarga de las compras mayoristas de electricidad pasará a tener un presupuesto anual de 1,1 billón de pesos, un 65% más que lo previsto en la primera prórroga de la ley de leyes.

Según el último informe de la consultora Synthesis, que dirige Alejandro Vanoli, el cierre del año será con un déficit fiscal superior al 3% del PBI como consecuencia del incremento sostenido de los subsidios.

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Sebastián Premici

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