El preacuerdo con el FMI incluye una serie de ajustes presupuestarios, mencionados bajo el concepto "racionalización del gasto". Para el Gobierno serían solo recomendaciones y no imposiciones sobre el sendero fiscal a recorrer. En ese camino, se plantea un principio de reforma previsional y un recorte de las transferencias presupuestarias hacia las provincias. El texto bajo análisis también propone una serie de cambios legislativos en defensa de la competencia, la ley penal cambiaria y en las medidas antilavado. El BCRA desalentará el uso de criptomonedas.

Bajo la categoría "otros gastos pendientes", el Gobierno plantea la necesidad de racionalizar determinadas erogaciones con el objetivo de liberar recursos para usos prioritarios. Uno de los ítems en donde se pondrá la lupa es el sistema previsional.

"Realizaremos un estudio que describa opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional. Se prestará atención a la evaluación de los regímenes especiales y a los mecanismos que favorezcan la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas", puede leerse en el texto al que tuvo acceso BAE Negocios.

El Ejecutivo sabe que para comenzar el estudio de esta reforma deberá darse una "discusión más amplia y profunda". Así se lo hizo saber a las autoridades del Congreso. La evaluación debería finalizarse para septiembre de 2022.

Salarios públicos

En el sendero de la racionalización del gasto, el Gobierno también pretende "limitar las transferencias discrecionales a las provincias y a las empresas estatales y administrar la masa salarial del sector público para asegurar que crezca consistentemente con la mejora de la actividad."

Es decir, la "recomendación" del Gobierno sería que la pauta de la evolución salarial del sector público se mueva con la evolución del producto. Esto podría interpretarse como una suerte de compromiso para no alterar la distribución del ingreso. Es decir, que los salarios crezcan solo por productividad, quizás con la intención de convertirse en una política rectora para el sector privado.

Ley penal cambiaria

Dentro del paquete legislativo, además de las leyes de promoción de inversiones para la agroindustria, hidrocarburos y automotrices (que solo sumarían USD1.000 millones extras hasta 2030), el Ejecutivo se comprometió a mejorar el marco de sanciones, dentro del régimen cambiario, con la autorización de multas administrativas "para hacer más eficiente el marco de sanciones y mejorar la oportunidad de aplicación de las medidas de control". La propuesta debería presentarse antes de fin de año.

También se ampliarían "las facultades del BCRA para regular y supervisar un conjunto más amplio de transacciones que afectan la balanza de pagos de Argentina" y el fortalecimiento del régimen sancionatorio, el registro de las entidades declarantes sujetas a las obligaciones de las normas antilavado, así como también una actualización de la información sobre la identidad de los beneficiarios finales dentro de los registros de las empresas.

El compromiso asumido sería presentar estos últimos cambios en abril para que puedan ser analizados durante el período de sesiones ordinarias.