El Gobierno podría pagarle en las próximas semanas una multimillonaria suma a dos fondos buitres que no ingresaron a la reestructuración de 2005/2010. Este jueves la jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, sucesora del fallecido Thomas Griesa, les ordenó a los abogados del Ejecutivo y a los holdouts Attestor y Trinity que se reúnan para definir la cifra correspondiente a siete demandas judiciales iniciadas entre 2014 y 2016 luego de que Griesa fallara en contra de Argentina.

Attestor y Trinity presentaron sus bonos como prueba de que son “titulares legítimos” y reclaman una suma de USD230 millones, con intereses punitorios del 9% anual. El estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representa al Estado argentino en Estados Unidos, le envió una carta a Preska en la que aceptan el pago de las sentencias aunque objetan la legitimidad de uno de los títulos y plantean diferencias respecto de los intereses pero no precisa cuáles. Esto deja abierto un diferendo respecto del monto a pagar, que la jueza ordena resolver.

Son casos que estaban a asociados a sentencias similares y proliferaron tras el fallo de Griesa a favor de NLM Capital, una subsidiaria de Elliott Management, la firma de Paul Singer.

La presentación de los abogados de Argentina evidencia, según especialistas que siguen el caso, que existe un consentimiento oficial a pagar esa deuda. Consultadas por este diario, fuentes oficiales evitaron referirse al tema.

No creo que Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que es un estudio importante, sea tan irresponsable de mandar esta carta sin antes haberlo confirmado con el Gobierno. Asumo que si el presidente (Alberto Fernández) no sabe, se lo van a decir pronto”, le dijo a BAE Negocios, Sebastián Maril, director de Research for Traders.

De confirmarse el pago de USD230 millones, que significaría un duro golpe en tiempos de reservas flacas, el desembolso representaría casi la mitad de los USD503 millones correspondientes a los bonos Globales 21, 26 y 46 emitidos por Mauricio Macri que el Ejecutivo decidió no cancelar ya que forman parte de los títulos elegibles para la reestructuración en curso. Se trata del vencimiento incumplido que colocó al país formalmente en default el viernes pasado.

“Sospecho que si no pagáramos, vendría el reclamo vía medidas cautelares y pedidos de embargo”, planteó Maril en relación a las razones de la decisión oficial.

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