El Gobierno prepara un esquema para impulsar el crédito productivo una vez que culmine la pandemia de coronavirus. El foco estará puesto en el instrumento predilecto de los bancos: las leliq, cuyo stock alcanzó el récord de $1,682 billones, tras haber crecido con fuerza en el último mes para contener la emisión monetaria destinada a financiar al fisco.

Actualmente, estas Letras emitidas por el Banco Central pagan una tasa del 38% y en el Ejecutivo entienden que tienen un rol regulador de la rentabilidad de los bancos más que de control de la liquidez del sistema financiero. De ahí que la intención sea avanzar hacia un plan de desarme cuando hayan aflojado las circunstancias excepcionales surgidas a raíz de la irrupción del Covid-19 en todo el mundo, según adelantaron fuentes oficiales a BAE Negocios. En el mediano plazo, el objetivo es que esos recursos puedan volcarse al sector privado o a cubrir el rojo de las cuentas públicas.

Al comienzo de la gestión Fernández, el BCRA había avanzado en una reducción del rendimiento de las Leliq, que se situaba en un 63%. La intención de la Rosada era avanzar en el desarme de estos instrumentos con disminución de tasas y extensión de plazos, y dar un menor incentivo a las entidades a volcarse a inmovilizarlos en el Central en lugar de destinarlos al crédito productivo.

Sin embargo, con las medidas de emergencia por la pandemia el plan debió poner freno de mano, más allá de la expansión monetaria que hubo por esta vía en marzo, en el marco de la línea de préstamos subsidiada para el pago de salarios. Los funcionarios son conscientes del riesgo que implica una emisión monetaria descontrolada, más allá de que por la baja monetización de la economía, por el momento la demanda de dinero parece estar dando respuesta al shock de oferta. Sin embargo, no descartan redoblar los esfuerzos para evitar un traslado a precios, en caso de que lleguen a necesitarlo.

Por eso, en el Ejecutivo entienden que el uso de las Leliq para esterilizar emisión monetaria es pequeño y ese papel debería quedar regulado a los pases. Cuando la emergencia sanitaria haya concluido, el plan bajo estudio plantea que los bancos dejen de intermediar prestándole al Central y, en cambio, ese dinero pueda destinarse a dinamizar la actividad o al propio sector público, que podría ayudar a absorberlo y al mismo tiempo financiar su déficit fiscal.

En los despachos oficiales plantean que este instrumento no forma parte de la política monetaria y por eso apuntan a que el stock vaya disminuyendo paulatinamente, aunque reconocen que el punto principal es saber cuál es el momento para poder ordenar esta herencia de la gestión macrista en el Banco Central.

En ese sentido, argumentan que hay $2,2 billones en depósitos en pesos que, sin embargo, no van a préstamos.

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