El déficit fiscal del último año de gestión de Mauricio Macri finalizó en $845.990 millones, equivalente al 3,9% del PBI, a pesar de la mayor recaudación por el aumento de las retenciones y el ajuste sobre el gasto público.

Así se desprende del informe de Ejecución Presupuestaria publicado ayer por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que advierte que el año pasado terminó con un superávit primario de $75.491 millones o 0,3% del PBI, lo que implicó una mejora de 2,2 puntos porcentuales en relación al 2018.

Es que mientras los ingresos subieron 2,1% en términos reales, los gastos disminuyeron un 6,4% interanual al descontar la inflación. Sin embargo, esta mejora no alcanzó para marcar un cambio sustancial en el déficit total, ya que los intereses se incrementaron 10,7%, al totalizar $921.480 millones.

De esta manera, el resultado financiero arrojó un rojo de 3,9% del PBI, 1,7 puntos por debajo del año pasado, pero aún elevado a pesar de los esfuerzos de la administración anterior por alcanzar un presupuesto equilibrado, que se vieron impedidos por la carga de los intereses de la deuda en dólares contraída por la gestión de Cambiemos.

En ese sentido, en la obtención de este resultado los factores principales fueron la privatización de activos estatales, la venta de títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, el recorte en el gasto público y la reimplementación de las retenciones.

"En el aumento de los ingresos tributarios resultó decisiva la evolución de los Derechos de Exportación, que tuvieron un salto real de 164,4% año contra año como consecuencia del incremento de alícuotas, la devaluación del tipo de cambio y las mayores cantidades exportadas del complejo sojero", evaluó la OPC.

Por otro lado, las rentas de la propiedad aumentaron 30,7% a $553.463 millones, principalmente por las transferencias de utilidades del Banco Central, que en 2018 habían sido nulas y en 2019 alcanzaron más de $200.000 millones. En tanto, las correspondientes al FGS de la Anses saltaron 35%, de $138.284 millones a $286.507 millones.

Por su parte, también se vendieron activos de este Fondo por $64.166 millones, lo que engrosó los recursos de capital para hacerlos llegar a $91.670 millones, cifra también influida por la privatización de dos centrales térmicas.

En cuanto a los gastos, retrocedieron 6,1% en términos reales. Mientras que los desembolsos en jubilaciones bajaron 6,2%, en línea con el descenso que tuvieron los gastos corrientes, las asignaciones familiares para activos y pasivos se hundieron 12,5% y la universal por hijo avanzó 2,3%. A su vez, el gasto en salarios decreció 11,8%, en línea con el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

Por último, los gastos de capital se redujeron apenas 2,5%, pero con una enorme disparidad a su interior: la inversión real directa se expandió 52,7% y las transferencias de capital bajaron 39,7%.

En este último caso, la OPC precisa que "la variación obedece fundamentalmente al recorte de transferencias a empresas públicas (20,4%) y a provincias (52,3%). Dentro de estas últimas, se destacan las caídas en Transporte (74%) vivienda (56,6%), agua potable (26,8%) y educación y cultura (25%)".

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