El déficit fiscal total de mayo fue de $308.219 millones y llegó a 1,1% del PBI. Muchísimo para un sólo mes. El rojo primario terminó arrojando un número parecido al de abril: fue de $251.287 millones, el equivalente al 0,8% del producto. En mayo se acentuó con fuerza la caída de los ingresos, de la mano del flojo desempeño tributario a causa de la pandemia y se mantuvo el crecimiento del gasto, que casi se duplicó, por los esfuerzos oficiales para mitigar el impacto de la cuarentena sobre la oferta y la demanda y por el congelamiento tarifario. En lo que va del año, el rojo primario ya superó el 2% del PBI. El fiscal total llegó hasta el 3% del producto.

La caída de los ingresos del sector público fue extraordinaria: fue de 28,5% interanual, ya que hubo una mejora nominal de apenas 2,4%, que comparó con una inflación de 43,4%. Desde la Secretaría de Hacienda destacaron que “este comportamiento de los recursos está explicado por los efectos contractivos del ASPO sobre los volúmenes de producción, consumo, inversión y comercio exterior”.

En ese sentido, los ingresos tributarios cayeron 27,9% real, mientras que hubo una baja nominal de 53,7% interanual en las rentas de la propiedad, “explicada por la suspensión de las rentas de la Anses cobradas al sector privado vía créditos Anses”.

El gasto, en cambio, casi se duplicó en términos nominales, con una suba de 96,7%, que en términos reales fue de 37,1%. Ese fuerte crecimiento del gasto fiscal se concentró en las transferencias del Gobierno para intentar moderar el impacto de la cuarentena en las empresas, en los hogares y en las provincias. Eso se observa en que el gasto corriente trepó 40,6% real. En cambio, la obra pública, que ya venía en contracción, sufrió un desplome extra por el aislamiento obligatorio, cayó 10,2% en términos reales.

Se vio entonces, principalmente, el impacto del IFE de $10.000, del ATP que abonó el 50% de los salarios privados de 2.300.000 trabajadores, del Plan Alimentar y de las transferencias del Gobierno a las provincias. Pero también hubo consecuencias del congelamiento de tarifas, que generó una suba fuerte de los subsidios económicos, incluso superior a los envíos a las provincias, si se lo mira en cantidad de dinero (los subsidios saltaron de $24.116 millones en mayo del 2019 a $67.352 millones y las transferencias a los distritos subnacionales de $5.453 millones a $45.803 millones).

Desde la Secretaría de Hacienda destacaron: “Respecto a las transferencias corrientes, el 75% corresponde al IFE y al ATP. Ambos explican erogaciones por casi $80.000 millones. En la misma línea, el programa Alimentar registró un incremento interanual de $8.545 millones y las asignaciones en materia de Apoyo al Empleo aumentaron aproximadamente $2.000 millones. En el marco de la emergencia sanitaria, en mayo se financiaron erogaciones de la Superintendencia de Salud y del PAMI por casi $12.000 millones”.

Y agregaron: “Las transferencias a provincias alcanzaron los $53.327 millones, explicados por Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por casi $11.000 millones, refuerzos alimentarios a comedores y sanitarios a hospitales provinciales por casi $4.500 millones y erogaciones por $3.800 millones destinadas a reforzar las cajas previsionales provinciales no transferidas al SIPA, entre otros conceptos”.

Del total del gasto corriente, “las prestaciones a la seguridad social totalizaron $193.767 millones, marcando así un crecimiento interanual de 43,4%”, según destacó Hacienda. Es decir, empató con la inflación, que arrojó un número idéntico.

Una mirada sobre el gasto corriente muestra que los subsidios económicos, traccionados por el congelamiento, subieron 173%, las prestaciones sociales 94,8%, las transferencias a provincias 739,9%. Los gastos de funcionamiento, en cambio, fueron por debajo de la inflación y subieron sólo 27,9%. Un ajuste real de 10,8%, que se explica en buena forma por la caída de los salarios estatales.

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