El directorio de YPF se reunirá este martes para trabajar, como punto principal, sobre la intervención del Gobierno nacional de la cerealera Vicentin y la decisión de enviar al Congreso un proyecto de ley para expropiar la sexta mayor agroexportadora del país, que pasará a ser administrada por la unidad de agronegocios de la petrolera de bandera.

La decisión fue anunciada ayer por el presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la senadora e impulsora de la iniciativa, Anabel Fernández Sagasti; y el flamante interventor Roberto Gabriel Delgado, proveniente del INTA. En el auditorio de la Casa Rosada, se encontraba también el nuevo CEO de YPF, Sergio Affronti.

Fernández aseguró que uno de los objetivos de la integración es aprovechar la capacidad de gerenciamiento de la petrolera a través de  YPF Agro, el área de negocios del sector agrícola de la compañía, que abarca desde la producción de semillas, fertilizantes, silo bolsas y otros insumos.

Con la incorporación de Vicentin, el Gobierno busca convertir a YPF Agro SA en una de las mayores empresas del sector agroexportador argentino, hoy hegemonizado por multinacionales extranjeras, que según algunas estimaciones podría llegar a concentrar cerca del 40% de las ventas al exterior del agro, además de poner un pie en la producción de alimentos para consumo interno a través de distintas unidades de negocios de la firma intervenida, que incluyen la producción de carne y lácteos entre otras.

La decisión concentrará la atención en la reunión que se desarrollará en la sede cental de YPF en Puerto Madero, una compañía de mayoría estatal pero con el 49% en manos de accionistas privados. Allí, estos últimos conocerán más detalles del proceso de integración dispuesto por el Ejecutivo, que pasará pronto por el Congreso.

El directorio de la mayor productora de hidrocarburos del país se había reunido por última vez el mes pasado, cuando Affronti asumió como nuevo CEO en reemplazo de Daniel González. La semana pasada la firma había sumado otros directores a su estructura gerencial.

YPF es un ícono de las últimas expropiaciones, en otro sector estratégico para la economía nacional. En 2012, el Estado nacional se hizo cargo del 51% de las acciones de la compañía, luego del declive protagonizado en tiempos de Repsol.

Días atrás, Argentina recibió un fallo defavorable en el tribunal neoyorkino de la jueza Loretta Preska, sucesora de Thomas Griesa, por la nacionalización de la petrolera. Preska rechazó la solicitud del país y de la compañía de trasladar el juicio a los tribunales argentinos y definió que continúe en Estados Unidos. Los fondos especulativos Burford Capital y Eton Park, que le compraron al Grupo Petersen los derechos de litigio, reclaman un resarcimiento de entre USD1.700 y USD9.000 millones.

Por el derrumbe de los precios del petróleo a nivel mundial y, sobre todo, por la caída abrupta de la demanda a raíz de la cuarentena, YPF atraviesa un momento complejo al que se suma un cúmulo de vencimientos de deuda corporativa por USD2.200 millones en menos de un año. A esos pasivos se sumarán los que estatizará a través de Vicentin, una firma en default que debía unos USD1.500 millones, más del 80% al Banco Nación, que le prestó durante la conducción de Javier González Fraga en el Gobierno de Mauricio Macri.

El proyecto de ley plantea declarar a la cerealera de utilidad pública y sujeta a expropiación para que pase a integrar un fondo fiduciario que administrará YPF Agro. La intención, así, es replicar el modelo de gestión mixta.

El Presidente aseguró que los 1.300 trabajadores de Vicentin continuarán en sus puestos y que buscará rescatar a los 2.600 productores que operan con la empresa.

Además de poner un pie en la producción de alimentos con una nueva megaempresa, que podría acumular ventas por más de 10 millones de toneladas, el Estado tendrá ahora en sus manos a un actor fundamental en el manejo de los dólares que tanto escasean en el país. Así, podrán evitar las especulaciones en la liquidación de divisas de una de las mayores exportadoras e incidir en las decisiones al respecto de sus competidoras privadas.