Luego de que la Justicia Federal de Mar del Plata  ordenara la suspensión del proyecto de exploración petrolera a unos 300 kilómetros de las costas marplatenses, el juez que dictó la medida, Santiago Martín mantuvo un sugestivo encuentro con un abogado cercano a la oposición y un dirigente ambientalista.

El fallo del juez Martín se produjo luego de que aceptara un recurso impulsado por el intendente de General Pueyrredón (Juntos por el Cambio), Guillermo Montenegro y organizaciones ambientalistas.

La resolución, que ordenó la suspensión del proyecto de exploración petrolera a unos 300 kilómetros de las costas marplatenses fue fuertemente cuestionada por el gobierno nacional, atentos a las posibilidades de desarrollo económico, y por las empresas del sector.

Este domingo, en medio de la causa que aún no tiene sentencia firme, el juez Santiago Martín —quien hizo lugar a la medida cautelar— se mostró con un abogado ambientalista que habría presentado un planteo para frenar las actividades hidrocarburíferas, José Alberto Esain.

La imagen fue posteada por el constitucionalista Daniel Sabsay en su perfil de Twitter. En la imagen se lo observa a él, ex presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, con el mencionado juez Martín y el abogado ambientalista de Mar del Plata, José Alberto Esain.

Esain es abogado, con un máster en derecho ambiental de la Universidad del País Vasco y además consultor jurídico del sector privado y público. Según constataron fuentes vinculadas al expediente gubernamental que tramitó los permisos de Equinor para explorar el Mar Argentino, fue uno de los actores que se presentó para evitar esas tareas.

Asimismo, habría firmado una presentación en representación de las cámaras pesqueras marplatenses en el Estudio de Impacto Ambiental oficial que se elaboró para este proyecto. Según trascendió, Esain es abogado de empresas pesqueras y fue quien se quejó de la exploración offshore por considerar que atentaba contra la actividad de sus defendidos.

Los contradictorios argumentos del juez para frenar el proyecto de exploración 

En el fallo, el juez Martín incluó una serie de argumentos que revisten contradicciones. De una lectura de las actuaciones administrativas se desprende que las autoridades competentes no habrían cumplido con el estándar de ‘máxima publicidad’, que las obliga en la medida de los recursos disponibles, a poner a disposición del público y difundir la información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible (art. 6.1 del Acuerdo de Escazú).

Sin embargo, en el mismo texto se señala que no hubo acciones "proactivas" y se admite que el proceso "ha sido público y de libre acceso a la información" pero argumenta que "no resultaría suficiente de cara a los estándares actuales en la materia", según remarca el abogado Francisco Verbic.

Cita incluso otro aspecto relacionado con la participación ciudadana y el acceso a la información:  "El interés t se reflejó en la audiencia pública, donde la mayoría de los participantes fueron vecinos de esta ciudad, según puede constatarse de las actas obrantes en las actuaciones administrativas", en realción a la presencia de vecinos y organizaciones de General Pueyrredón.

También el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, salió a responder. "Leo con estupor la sentencia del juez , medida cautelar dictada inaudita parte (sin escuchar al Estado) suspendió la Resol 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo", twitteó.

"El juez dijo que iba a dictar la medida cautelar sin pedir el informe previo que comúnmente  precede a toda medida cautelar peticionada contra el Estado, porque se trataba de una cuestión ambiental", remarcó el ministro y consideró "absolutamente necesario" que el juez "escuche al órgano administrativo que tiene expertise, para que brinde las explicaciones del caso", cosa que no hizo 

El Gobierno insistirá en la exploración offshore

El Gobierno Nacional va a “insistir” con el desarrollo de los proyectos de exploración de hidrocarburos costa afuera porque ello no solo “no genera ningún perjuicio” a la ciudad de Mar del Plata, sino porque la actividad por cada empleo directo aporta otros cinco indirectos, aseguró este domingo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

El Poder Ejecutivo anunció que apelará la medida judicial a través del análisis del Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Energía y la Procuración General de la Nación. “Argentina tiene producción offshore hace décadas, y no ha habido ningún tipo de inconveniente”, dijo Kulfas en declaraciones a CNN Radio.