Los datos del resultado fiscal de agosto vienen a la perfección para graficar el fondo ideológico del conflicto dentro del Gabinete, entre kirchneristas y albertistas. El déficit primario devengado, es decir los gastos e ingresos realmente ocurridos durante el mes, trepó hasta $203.174 millones. Fue el segundo más abultado del 2021, lo que mostró la nueva estrategia fiscal electoral pero a la vez registró una contracción de 13,3% respecto al mismo mes del 2020. Los críticos más acerrimos se preguntan acerca de por qué un ajuste semejante en plena pandemia y en un año clave en las urnas.

Al comparar con el mismo mes del año pasado, la dinámica es clara: el ajuste del gasto fiscal sigue registrándose en forma clara en el gasto social. La salida del IFE en su versión extendida, con alcance a unas 9 millones de personas, y del ATP, fueron reemplazados con otros programas que moderaron el recorte a partir de mayo, pero todavía hay una caída importante. En cambio, la que creció con fuerza fue la obra pública y eso explica en parte el crecimiento extraordinario de la industria, que es la que se encarga de proveer los materiales.

Los datos corresponden al último informe de Análisis de la ejecución presupuestaria de la administración nacional, que publica todos los meses la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Los datos son devengados, lo que implica que pueden diferir de los que publicará la Secretaría de Hacienda el próximo martes, que corresponden al base caja. Los primeros muestran los resultados de los asientos contables y los segundos no incluyen, por ejemplo, aquellos pagos que se pueden patear hacia el futuro. Sin embargo, ambos suelen seguir la misma tendencia. Para el déficit primario base caja se proyectan unos $120.000 M.

La baja en el gasto en prestaciones sociales, en un momento en el que la pobreza oscila alrededor del 42% a causa de la pandemia, fue de 19,1% real todavía en agosto. Y eso justo en la previa de las PASO y fuera de un programa con exigencias de ajuste por parte del FMI.

Ahí las dinámicas son distintas según el rubro. El informe de la OPC detalló: “Las transferencias en programas sociales alcanzaron a $78.109 millones y se redujeron 61,4% anual, basicamente por la alta base de comparación, dado que en agosto del año pasado se ejecutaron $107.369 millones en concepto de IFE y ATP. Este factor tuvo mayor incidencia que el incremento del gasto en otros programas sociales”.

Y agregó: “Las jubilaciones y pensiones ($291.758 millones), de mayor importancia relativa, crecieron 2% anual, revirtiendo el resultado negativo de los primeros ocho meses del año. El impulso responde al bono extraordinario de hasta $5.000 para los beneficiarios de ingresos de hasta $51.129, que más que compensó el diferencial entre la movilidad jubilatoria y la inflación (36,8% vs 51,4%)”.

La obra pública, en cambio, se siguió disparando y fue lo que más creció, aunque cabe destacar que lo hace, contrario al gasto social, contra una base de comparación muy baja ya que estuvo casi paralizada durante 2020. El salto fue de 136,4% y mostró el impacto del gasto público sobre la actividad, si se miran los datos de la industria, cuya utilización de la capacidad instalada de 64,1% alcanzó el segundo mejor julio de la serie histórica, con las metálicas básicas y los minerales no metálicos con picos óptimos de 81% y 77,2%. Ambos son proveedores clave de la construcción.

Así, la obra pública creció 136,4% en términos reales, en comparación a agosto del 2020. El número, en términos de inyección de ingresos para la economía y los bolsillos es relativamente menor, si se toma en cuenta que representó apenas el 8% del gasto total devengado. En cambio, las prestaciones sociales fueron el 48,8%, por lo que un ajuste en esa cuenta implica un impacto negativo muy mayor en términos de ingreso disponible.

También hubo incrementos del gasto fuertes en un ítem que fue clave en otra disputa de la interna gubernamental, allá por marzo, cuando se le puso un límite a los tarifazos. En agosto, los subsidios económicos crecieron 78,2% real, lo que morigeró el impacto de las facturas en los bolsillos. También hubo un incremento real en los salarios públicos, de la mano de la paritaria estatal bajo la nueva pauta oficial, lo que generó una suba de 23,7% en los gastos de funcionamiento. Aunque lo que más traccionó por ese lado fue la compra y traslado de vacunas anticovid.

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