El rojo primario de la administración pública nacional volvió a ser del 1% del PBI en junio y totalizó 3,2% del producto durante el primer semestre del año. La cuarentena golpeó de forma indirecta a los ingresos públicos, a través de un desplome en la recaudación tributaria y de la seguridad social. Además, el plan anticrisis desplegado por el Gobierno para sostener a las empresas y a los hogares generó una disparada inédita en el gasto.

Los números fueron publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y muestran la dinámica del devengado de la administración pública. Por ende, no es exactamente el mismo número que publicará la Secretaría de Hacienda la próxima semana (será el base caja del sector público no financiero).

El rojo primario totalizó nada menos que $295.713 millones durante junio, una leve suba respecto a los $265.340 millones de mayo. Y en el total del semestre alcanzó los $911.124 millones. Un número totalmente extraordinario y que se dio por la caída de 19% interanual real en los ingresos corrientes (el cálculo deja de lado las transferencias de utilidades del BCRA, que fueron de $940.000 millones en el primer semestre) y la suba de 22,3% real en los gastos primarios, principalmente explicados por el programa anticrisis.

En junio el mayor impacto por el lado de los ingresos lo marcaron la recaudación tributaria, con una caída de 3,9% real, y la de los aportes y contribuciones de la seguridad social, con otra de 12,8%. Ambos explicados por el efecto de crisis sanitaria y la recesión: mientras que los tributos relacionados con el consumo registraron caídas reales significativas, la seguridad social se vio impactada por las medidas oficiales de alivio, que recortaron en 95% la alícuota y suspendieron el pago de las contribuciones patronales.

Por el lado de los gastos, hubo una suba de 61,9% nominal, y de 13,8% real, de la mano de la política fiscal que buscó moderar la fuerte pérdida de ingresos de las empresas, hogares y provincias. En ese sentido, se destacó principalmente una suba de 83,5% nominal y 29% real en las prestaciones sociales. Estuvo explicada por el pago del 50% de los salarios a 2.800.000 asalariados del sector formal y por el IFE, que alcanzó a 8.900.000 de beneficiarios.

También con un desempeño extraordinario, se más que duplicaron (145,6% nominal y 72,6% real) los gastos para sostener el congelamiento tarifario. Similar dinámica mostraron las transferencias a las provincias (171,6% nominal y 90,9% real), con la intención de apuntalar sus ingresos, que a lo largo de la cuarentena se vieron fuertemente golpeados por la caída del consumo. Además, el Fogar y el Fondep, que brindan garantías para los préstamos al 24% y al 0% para empresas e independientes, provocaron una suba de 111% en la cuenta Otros gastos corrientes (incremento real de 48,3%).

Los que salieron perdiendo fueron los empleados estatales: por el atraso de sus salarios respecto a la inflación, los gastos de funcionamiento cayeron 11,3% real.

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