Empresarios del comercio, la industria y la construcción salieron a respaldar la intención del Gobierno y dirigentes de la oposición de modificar la ley de quiebras, y así evitar un mayor cierre de compañías, en particular pymes producto de la pandemia de coronavirus, ante la finalización de la feria judicial a partir de este lunes.

Así lo plantearon representantes del sector privado ante la consulta de BAE Negocios, desde estos tres rubros, que tienen el mayor peso sobre el empleo y la actividad económica del país.

"Son proyectos razonables entendiendo la dramática situación en la que está la Argentina, que estamos empezando a experimentarlo, con una crisis que será superior a la de 2001", evaluó el miembro del comité ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey. "En ese entonces hubo instrumentos parecidos, que me parecen válidos siempre que se esté en emergencia", argumentó, en referencia a las propuestas para crear regímenes concursales especiales.

Por su parte, Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA) planteó que una medida de este tipo tiene que implementarse "una vez que pase la pandemia, porque si bien las empresas dejan de pagar impuestos y servicios, siguen acumulando esa deuda", lo que lleva a un escenario de concurso de acreedores masivo. Así, la moratoria aparece como una solución de corto plazo pero los cambios en la ley 24.522 de concursos y quiebras estaría pensado para cuando "el país vuelva a producir" con normalidad, para lo que aún faltan varios meses.

"Esto debería ser para el mediano plazo pero para ahora también, cuando se rehabilite la feria", se diferenció Urtubey.

En tanto, Gustavo Weiss, de la Cámara de la Construcción (Camarco), se mostró a favor de "todo lo que ayude en esta crisis económica que está afectando a muchísimas empresas y por razones obvias habrá mucha más cantidad de concursos y quiebras que en períodos normales".

En ese sentido, destacó las propuestas presentadas en el Congreso que habilitan a las compañías a obtener crédito para capital de trabajo a pesar de estar en concurso de acreedores. "Eso es lo primero que les pasa, los bancos les cortan el crédito, y necesitan acceso al financiamiento para sobrevivir", explicó.

Lo cierto es que hasta ahora, el primer pronunciamiento desde una entidad fue el de la Cámara de Comercio (CAC), que pidió que la norma "tenga un ágil tratamiento" y que incluya "la adopción de una normativa que establezca procedimientos de emergencia" para preservar "la operatividad de las unidades productivas y evitar la saturación del sistema judicial con embargos, ejecuciones, rescisiones contractuales, concursos, conflictos laborales, entre otras consecuencias que, podemos prever, provocaría el colapso del funcionamiento de un poder del Estado con dificultades de larga data".

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