El anuncio del Gobierno nacional de que se otorgará un aumento del 5% a los precios de lo servicios de telefonía y cable a la vez que se anunció un programa de prestación universal mínima que costará desde 150 pesos por mes, fue criticada por las compañías del sector.

La empresa Telecom dio a conocer un comunicado en el que señala que "el Gobierno estrangula a uno de los sectores más competitivos" y "destruye la ecuación económica de las empresas TIC, poniendo en riesgo la calidad de los servicios que prestan, su desarrollo, sus miles de puestos de trabajo directos e indirectos".

La Cámara Argentina de Internet (Cabase),  por su parte, sostuvo que "más de 1200 pymes y cooperativas en riesgo de subsistencia" y marcó que "un control de precios por parte del Estado que no contempla la situación y estructura de costos de los diferentes tipos de operadores pone en riesgo a pymes y cooperativas que prestan servicios de conectividad a Internet en la mayoría de las localidades del interior del país".

"Entendemos perfectamente la necesidad de que la gente pueda acceder a la conectividad, pero no puede ser a costa de la subsistencia de las pequeñas empresas y emprendedores. Con la inflación acumulada durante el año y una devaluación de más del 30% en el valor del dólar oficial, estos aumentos no son suficientes", indicó la cámara.

En tanto, el experto en tecnología y medios, Enrique Carrier, consultado por BAE Negocios, señaló que "lo primero que se va a resentir es la inversión" y remarcó que "seguramente" va a afectar el servicio y la magnitud "dependerá del tiempo que mantengan esta política de actualización de precios por debajo de la suba de costos en pesos y en dólares".

"El ajuste del 5% está muy lejos de la suba de costos, que fue de más de un 30% en pesos y de un 39% en dólares. No digo que en el primer ajuste se alcance la actualización total, pero debería ser un ajuste de dos dígitos", indicó.

Más temprano, en un hilo en Twitter sostuvo que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690 y su reglamentación "prometen generar mucho daño en una industria que no está compuesta por 5 grandes empresas sino por más de mil PyMEs en todo el país que ya venían sufriendo financieramente antes del anuncio de estas medidas".

El decreto aludido es el que, en el mes de agosto, estableció que "los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad” y por lo tanto, sujetos a regulación de precios.

Carrier agregó que "mientras que el Estado reclama   ´solidaridad´ a las empresas en el contexto de la pandemia, éste no hace ningún gesto de sumarse a esta solidaridad exigida a los demás. Ni siquiera reduce la carga fiscal de la Prestación Básica Universal".

Jubilados, AUH y beneficiarios de la prestación básica universal

Desde el 1 de enero del año próximo regirá la PBU (Prestación Básica Universal Obligatoria) para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, conexión fija a internet y tv por suscripción, a un costo de entre 150 pesos para telefonía y hasta 700 pesos por los servicios de acceso a  internet.

Podrán acceder a la Prestación Básica Universal :

Jubilados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, como así también sus hijos entre 16 y 18 años.

  • Trabajadores en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, como así también sus hijos entre 16 y 18 años.
  • Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de Asignación por Embarazo y de pensiones no contributivas con remuneración
  • Monotributo Social como así también sus hijos entre 16 y 18 años.
  • Beneficiarios de seguro de desempleo como así también sus hijos de entre 16 y 18 años, del Régimen de Empleados de Casas Particulares, del Plan Progesar, decoupados o de la Economía informal.
  • Beneficiarias y beneficiarios de programas sociales, de Clubes de Barrio y de Pueblo y de Entidades de Bien Público