El Gobierno continúa analizando el estadío de la economía en medio de la tercera fase de la cuarentena por coronavirus, y exlcluyó las actividades de servicios financieros y compañías aseguradoras del beneficio del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). 

Así, las empresas que cuenten con más de 800 trabajadores y que resulten beneficiarias del salario complementario del programa de emergencia no podrán por más de dos años realizar una serie de operaciones en el mercado de capitales, como recomprar acciones o adquirir títulos en pesos para su venta en moneda extranjera.

La resolución 702/2020 publicada este martes en el Boletín Oficial enmarca los detalles del programa de asistencia monitoreado en forma conjunta por el Comité de Evaluación y Monitoreo integrado por los Ministerios de Desarrollo Productivo, Economía y Trabajo, a los que se suma la AFIP, Anses y la Jefatura de Gabiente. 

Entre los motivos de la exclusión, el texto oficial destaca que estas actividades, pese a menores dotaciones presenciales, "opera con relativa normalidad", en tanto que destacan que "si bien no fue considerada una actividad esencial en un principio (aunque sí lo fue posteriormente), en ningún momento el sector de intermediación financiera dejó de cobrar intereses (que siguen devengando)". 

"Se trata de un sector en donde las posibilidades de trabajo remoto son de las más altas de la economía, mientras que en el caso de los seguros, la siniestralidad cayó drásticamente producto de la fuerte contracción de la movilidad, y ello hace que los costos de las aseguradoras se hayan contraído significativamente tras el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio", especifica la resolución conjunta.

De esta forma, los alcances del ATP se seguirán aplicando en base al objetivo de "preservar las capacidades organizacionales de las empresas, atendiendo criterios de costo-efectividad", esto es, "maximizando la eficiencia en el uso de los recursos públicos".

El Comité definió que las compañías beneficiarias no podrán realizar una serie de operaciones durante el ejercicio en curso, y los 12 meses siguientes a la finalización del ejercicio económico posterior a aquel en el que se otorgó el beneficio, inclusive por resultados acumulados anteriores.

En ese lapso, las empresas no podrán distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019; recomprar sus acciones directa o indirectamente; adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior.

De todos modos, el Comité aclaró que durante el plazo previsto en ningún caso podrá producirse la disminución del patrimonio neto de la compañía por no poder realizar estas operaciones.

En otro orden, se estableció que la elegibilidad de una firma al programa ATP son la rama de actividad en la que se encuentra, y la evolución de la facturación de la firma en el período comprendido entre el 12 de marzo y 12 de abril de 2019, al 12 de marzo y 12 de abril de 2020.

"Allí estriba el carácter focalizado del programa, siendo la variación de la facturación y el tipo de actividad en el que se desempeña la empresa dos variables relevantes a la hora de definir la elegibilidad de un beneficiario", concluye el Comité de Evaluación y Monitoreo. 

Los detalles del ATP

El Gobierno precisó que el salario complementario a asignar como beneficio debe resultar equivalente al 50% del salario neto correspondiente a febrero de 2020.

El resultado no podrá ser inferior a la suma equivalente a un salario mínimo vital y móvil (SMVM), actualmente en $16.875, ni superior a la suma equivalente a dos SMVM.

Asimismo, la suma del salario complementario no podrá arrojar como resultado que el trabajador obtenga un beneficio superior a su remuneración neta correspondiente a febrero de 2020.

En los casos de los trabajadores que cuenten con dos empleos el beneficio deberá distribuirse proporcionalmente, considerando los salarios percibidos en febrero.

En el caso de los que reportan más de dos empleos, el Comité solicitó que este universo sea analizado en conjunto por la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP) y el Ministerio de Trabajo, para descartar errores en la información proporcionada por las empresas, eventuales patologías y adoptar una definición sobre el tratamiento que cabría otorgar a los casos resultantes.

Por último, la remuneración de referencia para determinar el monto del salario complementario para contratos de trabajo de temporada, como lo es en empresas dedicadas a la prestación de servicios de comidas dirigidas a establecimientos educativos, será la correspondiente a noviembre de 2019, actualizada a febrero de 2020 en un 8%.