Representantes del Gobierno, de los trabajadores y de las prestadoras de servicios de salud que operan en el país avanzaron en la conformación de la Comisión Permanente que abordará una "reforma profunda" del sector. Las empresas alertaron que el sector acarrea una crisis financiera, y llevaron a la mesa de diálogo un pedido para la prórroga del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que permita pagar los salarios durante 2021. Además, presentaron un plan de reducción del 95% de la alícuota destinada al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El encuentro, que se desarrolló en el Ministerio de Salud, contó con la presencia del ministro de Salud, Ginés González García, y su par de la cartera laboral, Claudio Moroni; el secretario general de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), Carlos West Ocampo; y el cosecretario de la CGT, Héctor Daer. Allí se plantearon los lineamientos generales en los que trabajará la mesa sectorial "a fin de garantizar el financiamiento de los prestadores del servicio" y que "permita mejorar la calidad que de las prestaciones que recibe la sociedad".

"Las empresas prestadoras de salud han exteriorizado en distintas oportunidades las dificultades por las que atraviesan desde hace años y han elevado propuestas para su tratamiento", señalaron los represeantes de la cámara al momento de hacer un primer balance. 

Entre los puntos que solicitaron "rever" para poder avanzar hacia la reforma del sector, se mencionó una reducción de la carga impositiva, ya que según advirtieron 4 de cada 10 pesos que ingresan a las empresas se destinan al pago de tributos como el Impusto al Valor Agregado (IVA), impuesto al Débito y Crédito e Ingresos Brutos, y que "no permiten que los aportes de los trabajadores lleguen a prestaciones de salud efectivas". Además, se planteó la necesidad de llevar a cabo una revisión de los aranceles y aportes que recibe el sector, "afectado por un importante aumento de costos y caída de los ingresos de las empresas".

En tanto, y de forma unánime, los representantes de las prestadores de salud solicitaron a las autoridades la prórroga del Decreto 300, puesto en marcha en 19 de marzo en donde se dispuso el "tratamiento diferencial" con una reducción del 95% de la alícuota prevista destinada al SIPA, al igual que la extensión del ATP durante 2021.

“Este encuentro nos permite ver una luz de esperanza. Desde hace varios años que venimos planteando la necesidad de estas reformas a los distintos gobiernos, pero esta es la primera vez que podemos conformar una mesa de trabajo con este nivel de representación. La pandemia profundizó la crisis de los prestadores, pero también tendió puentes de diálogo con todos los sectores”, sintetizaron los representantes de los prestadores privados, entre los que se encontraban Claudio Belocopitt (UAS), Mario Lugones (CEPSAL), Guillermo Lorenzo (ADECRA) y José Sánchez, (FEM).