En 2005, el equipo económico de Néstor Kirchner, liderado por Roberto Lavagna, selló el canje de la deuda argentina con la mayor quita de capital de la historia reciente, renegociando a su vez el mayor default soberano de la historia. Según admitió el FMI en ese momento, la quita final llegó al 73%, muy cerca de la propuesta original de Lavagna del 75%. Esta vez, según los economistas, parece poco probable que el recorte sea tan grande. Miguel Kiguel, ex presidente del Banco Hipotecario y negociador de la deuda bajo el gobierno de Menem, explicó: "no estamos en la misma situación porque en 2001 la deuda llegó al 150% del PBI y hoy es del 50%. Lo que Argentina necesita es tiempo para crecer y mejorar sus cuentas".

Daniel Marx, quien negoció la deuda con Alfonsín, Menem y De la Rúa, aseveró también que "no hay por qué replicar las condiciones de quita de ese momento debido a que ahora las tasas de interés son inferiores". Así y todo, Kiguel agregó que "podría haber una quita no nominal si se reperfilan los bonos". El talón de Aquiles de aquella reestructuración fueron los fondos buitre o holdouts, que eran sólo el 8% de los tenedores pero llevaron a un interminable proceso judicial en Nueva York y al default selectivo de 2014.

En este caso, ese escenario parece no ser una posibilidad. Martín Kalos, consultor económico de Elypsis, sostuvo que "desde el default argentino se introdujeron innovaciones en el armado financiero, como las cláusulas de acción colectiva", que obligan a todos los bonistas a aceptar la oferta si se llega a un piso determinado.

Además, Kalos aclaró que "los fondos que pueden querer ir a juicio en general entran cuando los precios de los activos se derrumbaron". Por ahora, "aunque una parte del mercado cree que la cesación de pagos será difícil de evitar", esto todavía no es seguro y "por tanto no hay precios de default", explica.

Otra diferencia con el anterior canje está en la composición de los acreedores privados. Primero porque en esta nueva ocasión la tenencia es mucho más concentrada, con los bonos en manos de unos pocos fondos de inversión. Kalos aseguró que "esto cambia la táctica de negociación para bien y para mal, dado que hay menos actores con los que arreglar pero estos tienen más peso" y por ello pueden condicionar más el proceso.

En segundo término los economistas señalaron que en la reestructuración de 2002-2005 la primera minoría de tenedores -cerca de un 38%- eran argentinos, mientras que esta vez "hay muy pocos" bonistas locales, afirmó Kiguel. Esto puede repercutir negativamente dado que a los acreedores externos " es más difícil convencerlos porque van a mirar mucho más los números financieros y van a estar menos preocupados por que a Argentina le vaya bien", según explicó el economista.

Además, el escenario es distinto en cuanto a los tiempos. En el actual proceso, más allá de los "reperfilamientos", la cesación de pagos no fue oficialmente declarada, por lo que la reestructuración para no caer en ella se vuelve más urgente. "Hoy las consecuencias de no hacer un arreglo son más fuertes que en 2005, tanto para los acreedores como para la economía nacional. Pasar a la categoría de default tendría un costo", destacó Marx. Por eso, Kalos afirmó que "hoy hay una necesidad de financiamiento que no estaba en 2002, porque Argentina se enfrenta a una deuda que todavía está comprometida de pagar".

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