Argentina llegó a las primarias con las reservas netas en negativo, la economía desacelerándose, el dólar oficial acelerando al 12% mensual, el dólar libre arriba de $600 y un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional cerrado a fines de julio para conseguir un desembolso de USD7.500 millones. El FMI, en tanto, decidió postergar los desembolsos correspondientes a las revisiones del segundo y tercer trimestres de 2023 hasta después de su receso de verano, coincidentemente después de las PASO. Por eso, el equipo de Sergio Massa adelantó que el Directorio del FMI votaría el giro de divisas para Argentina durante la semana del 14 de agosto. Sin embargo, en la agenda tentativa del organismo, el tratamiento del caso argentino todavía no estaba programado para las reuniones del Board. Por eso, el Gobierno empuja para que sea Georgieva quien lo sume de facto al temario del primer encuentro, algo que al cierre de esta edición no había sido ratificado por el FMI.

Para el organismo, una vez alcanzado el acuerdo a nivel técnico, el compromiso del desembolso ya está asumido. De hecho, uno de los puntos del acuerdo fue la postergación de la siguiente discusión hasta después de las elecciones generales, como una forma de no interferir institucionalmente en los comicios, una acusación muy fuerte para su reputación. En todo caso, las primarias le servirán de referencia para cuantificar la viabilidad política de las reformas exigidas y el peso político de los interlocutores de cara a las siguientes negociaciones. Javier Milei es un gran detractor de la burocracia y, por lo tanto del FMI, pero propone un ajuste más draconiano que el que exigió el organismo, aunque con foco en otras partidas. Patricia Bullrich, en tanto, ya ha cuestionado el actual acuerdo y planteó un blindaje como estrategia para salir del cepo, endeudándose incluso más con el organismo.

Cabe recordar que, conforme con el último entendimiento técnico, Argentina deberá alcanzar este año un déficit fiscal primario de 1,9% del PBI (sin correrse una décima del programa original) y una acumulación de reservas netas de USD1.000 millones sobre el nivel de diciembre de 2021; es decir, cerrar el año con USD3.300 millones en reservas internacionales netas. El primero de estos requiere de un mayor ajuste fiscal que el que venía mostrando la economía. Con una estimación promedio de $4,1 billones de déficit primario de parte de los diez mejores pronosticadores del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (2,4% del PBI), para el consenso de los privados esta exigencia es cumplible a costas de un mayor ajuste en el gasto público y de una mayor licuación por inflación de las partidas asociadas a la seguridad social y el gasto salarial. Puntualmente, el documento difundido por el FMI reclamó "contener el crecimiento de la masa salarial", es decir una restricción sobre los salarios públicos de la administración nacional, entre otras medidas para reducir el gasto, como la suba de tarifas energéticas o una "mayor racionalización de las transferencias corrientes a las provincias y empresas estatales".

En este sentido, el equipo de Massa adelantó que enviará al Congreso un proyecto de Presupuesto 2024 con déficit cero y apelará a la reducción de exenciones impositivas para incrementar la recaudación. A priori, este ajuste podría contar con el visto bueno de las dos fuerzas que en estas PASO se consolidaron como favoritas.

El segundo punto del acuerdo técnico, si bien implica una reducción importante respecto del objetivo original de USD8.000 millones, es virtualmente imposible en la medida en que las reservas netas quedaron en terreno negativo. Dependiendo de las estimaciones, llegaron a un rojo del orden de los USD10.800 millones, luego de que el Banco Central invirtiera casi USD490 millones durante la última semana para contener las cotizaciones de los dólares paralelos mientras dejaba correr a mayor velocidad. Para llegar a cumplir esta meta, además de aplicar programas de incentivo exportador para sumar reservas, el Gobierno debería pisar con más ahínco las importaciones, profundizando la economía en una recesión por los siguientes cinco meses y seguir acelerando el crawling peg para corregir el 15% de atraso cambiario, algo que, como consignó BAE Negocios, no lo consiguió en las últimas semanas debido al debilitamiento de las monedas de los principales socios comerciales luego de la suba de tasas dispuestas por la Fed.

En efecto, la aceleración del ritmo de microdevaluaciones diarias no solo no favoreció la mejora de la competitividad cambiaria (aunque evitó que empeorase) en las primeras semanas de aplicación sino que favoreció a la ampliación de la brecha cambiaria y desincentivó las exportaciones al fijarle al dólar oficial una tasa de interés implícita superior a la de política monetaria. En otras palabras, para el siguiente desembolso de USD2.500 millones en noviembre, el Gobierno tiene por delante dos metas complejas, cuando no incompatibles con el calendario electoral. A la vez que el FMI podrá incorporar a la mesa de interlocutores a los referentes económicos de las dos primeras minorías para fijar las exigencias para la siguiente revisión.