En medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional que lleva adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán, el presidente Alberto Fernández eligió subir el tono de la discusión con el organismo de crédito multilateral por la discrecionalidad con la que se manejó para otorgarle al gobierno anterior el mayor préstamo de toda su historia.

En la apertura de sesiones legislativas, el mandatario prometió que no habrá más medidas de ajuste, adelantó el envío de un proyecto de ley para desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, al tiempo que pidió al Congreso apurar la propuesta para subir el mínimo no imponible de Ganancias y así evitar que 1,2 millones de trabajadores paguen ese gravamen sobre sus ingresos.

Sin embargo, lo cierto es que lo que más sorprendió de su discurso fue el anuncio del inicio de querellas penales contra los responsables de la administración anterior por haber contraído el préstamo de USD44.000 millones, justo cuando el titular del Palacio de Hacienda está cerca de preparar las valijas para viajar a Washington.

"He pedido que se inicie una querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales que nuestra memoria recuerda", remarcó Alberto durante su mensaje ante los legisladores, en un tiro por elevación a Mauricio Macri, Federico Sturzenegger y Nicolás Dujovne, los que dejaron estampada su firma en el regreso del país al Fondo Monetario y sus políticas de ajuste tradicionales.

No casualmente, antes había prometido que "no va a haber ningún ajuste que otra vez caiga sobre las espaldas de nuestro pueblo", acaso también como una señal a los tecnócratas del organismo que renegocian el préstamo.

En ese sentido, recordó que la Oficina de Evaluación Independiente del organismo, identificó nueve propuestas de investigación entre las cuales está la "política de acceso excepcional" a créditos, destacando un "caso particularmente difícil como la Argentina".

"Por ese motivo, instruí que todo lo que sea objeto de denuncia e investigación en nuestro país sea puesto en conocimiento de la Oficina de Evaluación antes mencionada", adelantó el mandatario.

Minutos después de que finalizara el acto, el Banco Central dio a conocer un pedido de "auditoría específica" a la Sindicatura General de la Nación y a la Oficina Anticorrupción, que definirán si los dos memorándum de entendimiento violaron las leyes 11.672 permanente de Presupuesto, 19.549 de Procedimiento Administrativo y 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Según el BCRA, estas normas impedían al Poder Ejecutivo firmar un acuerdo con estas características. Para ello, elevaron a estos dos organismos "toda la documentación vinculada al último acuerdo firmado por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, para determinar si generaron perjuicios al Estado".

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